La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió este miércoles al Gobierno de El Salvador la derogación del régimen de excepción y brindar una “reparación integral” a las víctimas de presuntos atropellos cometidos durante su vigencia.
La CIDH publicó su informe “El Salvador, estado de excepción y derechos humanos”, en el que pide restablecer los derechos y garantías suspendidos desde marzo de 2022, así como retirar gradualmente las fuerzas militares de tareas de seguridad ciudadana.
La medida fue impulsada por el gobierno desde hace dos años y medio en respuesta a un repunte de la violencia de las pandillas que dejó, en un solo día, 62 homicidios, en la que fue la jornada más violenta desde junio de 2019, cuando el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia.
En su informe, la CIDH reconoce las mejoras en seguridad y, por esa misma razón, considera que no existe una situación que justifique la vigencia del régimen.
“La CIDH toma nota de la información disponible sobre los actuales e inéditos índices de mejora en la seguridad ciudadana en el país reportados por el Estado que demostrarían que no existe una situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías conforme las exigencias de la Convención Americana”.
Texto de una de las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La prórroga más reciente del régimen de excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa, se produjo este martes, con los votos de 57 diputados de un total de 60.
La medida ha dejado 81,945 capturas, ha permitido a las autoridades diezmar a las pandillas, pero también es objeto de denuncias por abusos.
“En el informe se detallan los elementos del Estado de Excepción de conformidad con los estándares interamericanos, resaltando que es una medida excepcional que debe ser necesaria, razonable y proporcional al contexto de la emergencia, advirtiendo que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas en ninguna circunstancia y que la aplicación del estado de Excepción debe estar estrictamente limitado al tiempo que dure la situación de emergencia”, sostiene la CIDH en un comunicado de prensa.
El organismo recomienda a El Salvador cesar la práctica de audiencias judiciales de carácter masivo que se aplica contra los detenidos bajo el régimen de excepción y asegurar que los inculpados tengan derecho de defensa, así como que se establezcan en la legislación “más medidas alternativas a la prisión preventiva”.
Sostiene que es necesario garantizar los derechos de audiencia, defensa y presunción de inocencia, y criticó el enfoque “fuertemente punitivo” contra estándares interamericanos en justicia juvenil.
En el informe se llama a El Salvador a brindar una “reparación integral” a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales.
Pide elaborar un registro individualizado de víctimas de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, un plan de reparación integral para víctimas de violaciones, investigar lesiones o muertes por parte de fuerzas policiales o militares, elaborar un diagnóstico sobre necesidades de Procuraduría General de la República, fiscalía general de la República y Poder Judicial y elaborar un registro de detenidos.
El informe no fue aprobado por unanimidad
El periódico El País revela que la CIDH está afectada por las divisiones que también desgastan a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pone en relieve que el informe sobre El Salvador se ha publicado con cuatro meses de atraso sobre lo previsto y “exhibe en sus páginas finales las fracturas internas de la Comisión”.
El País indica que el primer borrador del documento se aprobó por unanimidad, pero deja al descubierto que “su versión final lo ha hecho por mayoría de cuatro contra tres e incluye el voto razonado de dos comisionados que ponen en duda el rigor del documento y acusan a la propia CIDH de sesgo y falta de imparcialidad”.
Quienes cuestionan son el comisionado colombiano Carlos Bernal, relator de país para El Salvador, y el guatemalteco Stuardo Ralón, a quienes el periódico señala como “alineados en el sector más conservador de la comisión”.
“En su voto razonado sugieren una posible vulneración del derecho de defensa del Estado salvadoreño e insinúan un conflicto de interés por la “existencia de un mismo financiador tanto para la comisión como para organizaciones de la sociedad civil referenciadas en el informe”, en alusión velada a la organización filantrópica Open Society Foundations, fundada por el magnate George Soros, centro de las teorías conspirativas de la derecha hemisférica”, afirma El País.
Bukele: “esperamos quitarlo a la brevedad posible”
El presidente Nayib Bukele se refirió al Régimen de Excepción durante una entrevista publicada a finales de agosto por la revista Time y dijo que “esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno”.
Agregó que la medida es sostenible y que el país “todavía no está listo” para vivir sin régimen.
Se refirió a la situación de los reos dentro de las prisiones salvadoreñas. “No hay ni una tan sola prueba de tortura y las muertes en las cárceles”, dijo. “Yo creo que hay mucha narrativa falsa en lo que se ha dicho internacionalmente”, aseveró.
Según el gobierno, el denominado Plan Control Territorial, reforzado por un régimen de excepción que ya lleva casi dos años y medio siendo prorrogado, son la base de los “exitosos resultados” obtenidos por el gobierno en materia de seguridad.
