La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Rosendo Gómez Piedra dejó su cargo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA); en tanto, Mauricio Pazarán será el nuevo encargado, quien incluso ya se ha reunido con los familiares de las víctimas.
“Él renunció, él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado Pazarán que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, hubo una reunión ya con él”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.
El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de las más de 120,000 desapariciones que acumula México, la mayoría de ellas desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
Originario de Tabasco, Rosendo Gómez fue excolaborador de Andrés Manuel López Obrador durante su gestión como jefe de Gobierno capitalino; en 2022 fue designado por el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, para relevar al primer titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo. En mayo pasado Sheinbaum ya había adelantado que los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos habían solicitado el cambio del fiscal especial.
Desde Palacio Nacional, la presidenta sostuvo que se están investigando análisis científicos, llamadas telefónicas y otros datos incorporados en carpetas de investigación, los cuales “no se profundizaron lo suficiente en todos esos años”.
CASO AYOTZINAPA: DE LA “VERDAD HISTÓRICA” AL “CRIMEN DE ESTADO”
Los alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, a donde viajaron para apoderarse de autobuses en los que se trasladarían a Ciudad de México (CDMX) para participar en una protesta.
Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), las autoridades presentaron la llamada “verdad histórica”, según la cual, los 43 jóvenes fueron masacrados por narcotraficantes en complicidad con la policía de Iguala.
Pero estas pesquisas fueron desestimadas por el expresidente López Obrador (2018-2024) y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso.
En 2022 una comisión de la verdad creada por el gobierno de López Obrador calificó el caso como un “crimen de Estado” y dijo que militares compartían la responsabilidad, directamente o por negligencia. Sin embargo, familiares de las víctimas acusaron al entonces mandatario de no hacer lo suficiente contra el Ejército. N
