En una calle de Ciudad Juárez, frente al puente internacional que conecta con Estados Unidos, la abogada Silvia Delgado hace campaña para convertirse en jueza. Su nombre resalta entre los más polémicos del proceso electoral que este domingo convertirá a México en el primer país del mundo en elegir a todos sus jueces por voto popular.
Delgado, de 51 años, fue parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, antes de su extradición a Estados Unidos en 2017. Hoy, defiende su derecho a aspirar al cargo con un argumento que puede resultar cuestionable tratándose del mayor capo de los últimos años.
“Haber defendido a Guzmán no me convierte en criminal”.
Pero su candidatura, junto a la de otros perfiles controvertidos, ha desatado una ola de críticas de organizaciones civiles, abogados, periodistas y figuras políticas. La ONG Defensorxs ha publicado una lista de candidatos “altamente riesgosos”, en la que destaca el nombre de Delgado, así como otros aspirantes con antecedentes penales, vínculos con el narcotráfico o señalamientos por amenazas a periodistas.
UNA ELECCIÓN SIN PRECEDENTES A LA SOMBRA DEL NARCO
El proceso electoral del domingo seleccionará a 2,600 jueces y magistrados, en una votación directa que forma parte de la reforma judicial impulsada por el oficialismo con el objetivo de combatir la impunidad. Sin embargo, críticos como Defensorxs advierten que el nuevo sistema podría facilitar la infiltración del crimen organizado en el sistema judicial.
Entre los candidatos señalados se encuentra Leopoldo Chávez, aspirante a juez federal en Durango, quien estuvo preso seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. En un video publicado en redes sociales, Chávez reconoce sus errores.
“Nunca me he vendido como el candidato perfecto, soy el más imperfecto, pero tengo las ganas”.
También figura Fernando Escamilla, exabogado de Miguel Ángel Treviño, uno de los líderes del violento cártel de Los Zetas, recientemente extraditado a Estados Unidos. Otro nombre que genera alarma es el de Francisco Herrera, en Michoacán, señalado de haber amenazado a dos periodistas asesinados en 2022, aunque él niega toda implicación.
En Jalisco, Job Daniel Wong, ministro de la iglesia La Luz del Mundo, también busca un puesto como magistrado laboral. Su postulación ha sido criticada por su relación con la organización religiosa cuyo líder, Naasón Joaquín García, fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual de menores.
DEL DERECHO A LA DEFENSA A LA DESCONFIANZA CIUDADANA
La presidenta Claudia Sheinbaum ha restado importancia a las críticas, asegurando que “solo el 0,01 %” de los aspirantes tienen señalamientos graves. Sin embargo, el debate sobre la idoneidad de los candidatos continúa creciendo, especialmente por el contexto de violencia que vive el país, con más de 480,000 muertos y 120,000 desaparecidos desde 2006, según cifras oficiales.
El líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también del oficialismo, se mostró en desacuerdo con algunas postulaciones. El exmilitante del Partido del Trabajo y hoy morenista ha marcado distancia con algunos de los nombres aprobados por gobiernos estatales.
“Los defensores de narcotraficantes no deberían participar”
Silvia Delgado, por su parte, insiste en que su experiencia legal la avala. “He sido asesora jurídica de víctimas y defensora en muchas causas. Ser abogada de un narcotraficante no me inhabilita. La ley establece que todos tienen derecho a una defensa”, sostuvo durante su campaña en Juárez.
FALTA DE FILTROS Y LA DEBILIDAD INSTITUCIONAL
La autoridad electoral mexicana todavía no ha evaluado formalmente la validez de todas las candidaturas. Según la normativa, los postulantes deben “gozar de buena reputación y no haber sido condenados a prisión”. Sin embargo, casos como el de Chávez, con antecedentes penales en Estados Unidos, ponen en duda la eficacia del proceso de selección.
Miguel Alfonso Meza, director de Defensorxs, denunció la falta de rigor en los filtros y la premura con que se aprobó la reforma constitucional. “Es impresionante que para ser agente de tránsito tengas que pasar un examen de control de confianza, pero para ser juez penal que resolverá casos del Cártel Jalisco Nueva Generación, solo necesitas mandar tu currículum”, criticó.
Este domingo, México dará un paso inédito en su historia judicial. Pero el proceso, lejos de estar blindado, abre nuevas interrogantes sobre la vulnerabilidad institucional en un país donde el crimen organizado ya ha permeado amplios sectores del aparato estatal. N
(Con información de AFP)
