En el estado de Durango, el delito de extorsión ya es perseguido de oficio como parte de una estrategia nacional de seguridad. Sin embargo, tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública coinciden en que la falta de denuncias formales limita significativamente el avance de las investigaciones y su posible judicialización.

Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general del estado, explicó que en promedio solo unas diez personas al mes acuden directamente a interponer una denuncia formal por este delito. En la mayoría de los casos, las víctimas reportan el hecho al 911, pero no acuden posteriormente a aportar información detallada, lo cual impide que se abran procesos legales completos.

“Para judicializar una carpeta se requiere conocer datos precisos: cómo ocurrió, cuándo, desde qué número, a qué cuenta se depositó, y qué se dijo exactamente en la llamada”, explicó la fiscal.

Llamadas desde otros estados

Aunque el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, aseguró que en los centros penitenciarios de Durango no se originan llamadas de extorsión, gracias a revisiones permanentes en colaboración con autoridades federales y organismos de derechos humanos, sí se han detectado llamadas provenientes de penales en otras entidades, como Ciudad de México y Tamaulipas.

El rastreo de números telefónicos y el análisis de patrones de conducta ha permitido identificar esta modalidad, que suele incluir la suplantación de miembros de grupos delictivos para infundir miedo en las víctimas y obtener depósitos económicos.

Recomendaciones a la población

Las autoridades reiteraron el llamado a no realizar pagos ante llamadas amenazantes, a mantener la calma y a contactar de inmediato a los servicios de emergencia. También destacaron que el número 089 de denuncia anónima está en operación y vinculado con la estrategia federal para combatir la extorsión, además de contar con personal capacitado en atención ciudadana.

Galván Villarreal destacó que, dentro del sistema penitenciario estatal, se mantiene un enfoque en la reinserción social mediante el respeto a programas de trabajo, educación y deporte, lo que contribuye al control interno y a evitar que los penales sean origen de delitos telefónicos.

Finalmente, ambas instituciones insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para el combate efectivo de la extorsión, señalando que la denuncia oportuna y completa es fundamental para cerrar el ciclo de impunidad.

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