Por primera vez en la historia, Honduras es llevado ante la ONU por la prohibición absoluta del aborto. El Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres presentaron el caso de Fausia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de pedir justicia en su nombre.
Fausia es una mujer indígena y defensora de derechos humanos de Honduras que sobrevivió a violencia sexual y tuvo que enfrentar una maternidad forzada producto de la prohibición total del aborto vigente en el país.
Fausia fue violentada por dos hombres y violada sexualmente por uno de ellos. En noviembre de 2015 fue a buscar agua al río cuando los individuos la atacaron por la espalda, la golpearon y le pusieron un cuchillo en el cuello. Ella quedó embarazada, lo que le causó un grave sufrimiento físico y mental. En ese momento en Honduras la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), que le habría evitado un embarazo, estaba prohibida.
Ella no quería continuar con el embarazo. Cuando fue al hospital, en lugar de recibir atención integral, el personal médico la intimidó y amenazó con denunciarla si abortaba, porque en Honduras ese servicio de salud está totalmente prohibido. Como consecuencia, Fausia tuvo que asumir una maternidad forzada.
EL CASO DE FAUSIA, UN EJEMPLO DE DAÑOS A LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS
Con este caso, las organizaciones que participan del litigio esperan que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordene al Estado hondureño modificar el marco legal que prohíbe y penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando se trata de una violación o cuando la vida y la salud de la mujer gestante está en riesgo. Esa prohibición fue reforzada con una reforma constitucional aprobada en el año 2021.
“El caso de Fausia es un caso testigo de las múltiples violaciones a los derechos humanos que se derivan de la penalización de un servicio esencial de salud. La penalización del aborto afecta a todas las personas que pueden necesitar un aborto y en particular a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las sobrevivientes de violencia sexual. Con el litigio buscamos justicia para Fausia y que hechos como los que ella enfrentó no se repitan. Los Estados deben garantizar la autonomía reproductiva de todas”, expresó Carmen Cecilia Martínez, directora de Estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos.
Hija de un cacique del pueblo nahua defensor de los derechos territoriales, fue agredida por dos hombres cuya familia usurpó la tierra de su padre en una zona rural de Honduras. “Fue una represalia”, asegura esta indígena de 34 años.
EN HONDURAS “SOY SOBREVIVIENTE DE UNA VIOLACIÓN SEXUAL”, DICE FAUSIA
“Soy sobreviviente de una violación sexual. Fue muy violento. Me amenazaron de muerte. Me dijeron que si ponía la denuncia me iban a asesinar a mi familia y a mí”, relata, ocultando su rostro ante las cámaras de la AFP.
Recién un mes después de la violación venció el miedo y presentó la denuncia ante la fiscalía. Fue el inicio de un largo viacrucis legal. Su salud se fue deteriorando y en un principio pensó que se debía a los golpes.
Pero cuando le dijeron que estaba embarazada, el mundo se le vino encima: “Fue un choque psicológico, emocional. Era algo que yo no había planificado o deseado, no quería. Sentí rechazo hacia mí”.
Honduras es uno de los seis países del continente (con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam) donde el aborto está prohibido aunque haya malformación del feto, violación sexual o peligro de vida de la mujer.
En Honduras, según datos de la Secretaría de Salud (2022), cada día tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones y a ser madres. La penalización del aborto afecta sus derechos a la vida, salud, integridad, igualdad y no discriminación y van en contra de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que en sus guías para la atención del aborto publicadas en 2022 explícitamente recomendó la despenalización del aborto y su regulación desde la salud pública, pues se trata de un servicio de salud.
EL RELANZAMIENTO DEL CASO EN 2018
Fausia entonces tenía dos hijos, una pareja y un hogar en una comunidad, pero las amenazas y hostigamientos contra ella y su familia los llevaron a mudarse diez veces y emigrar a la ciudad, cuenta sollozando desde Honduras. Su casa, incluso, fue saqueada y destruida.
Forzada a una maternidad no deseada, el parto fue muy duro, dice. “En el quirófano yo lloraba. Luego me obligaron a amantar y a que la besara (a la bebé) y yo no lo quería hacer”, manifiesta. “Si hubiera tenido la oportunidad de poderlo interrumpir lo hubiera hecho, porque es algo que rotundamente cambió mi vida… es una marca imborrable”, afirma.
En 2017, logró que los agresores fueran detenidos pero pocos meses después los liberaron. “La primera barrera que me encontré es el hecho de que no me creían; la segunda, que no era una adolescente, sino una mujer con hijos”, comenta.
Con la ayuda del CDM y de la oenegé internacional Centro de Derechos Reproductivos (CDR), Fausia relanzó su caso en 2018. Pasaron ocho años desde la violación hasta que la justicia declaró culpables a los agresores. Pero la sentencia no está en firme, aún admite recursos de apelación. N
