EN NICARAGUA, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este miércoles. 

El texto titulado “¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua”. documenta los casos de 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, quienes se encuentran sometidas a desapareción forzada, aunque bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses.

“El gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar a callar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Los 10 casos que hemos documentado son una muestra de un nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas, y guardan enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación. Exigimos al gobierno de Daniel Ortega que libere inmediatamente a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos”.

No te pierdas: Nicaragua inhabilita al principal partido opositor que desafiaba reelección de Ortega

Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en abril de 2018, no han cesado los reportes sobre actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias.

“La nueva fase de la estrategia represiva del gobierno del presidente Ortega, que se destaca por la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al gobierno, tuvo inicio a partir del 28 de mayo de 2021. Desde esa fecha, hasta el 2 de agosto, más de 30 personas fueron privadas de su libertad, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos”, señala el informe.

Luego de analizar los casos de 10 personas, Amnistía Internacional concluyó que sus detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos. Los casos documentados fueron los de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez.

Los 10 casos documentados no son casos aislados y ocurren en un contexto donde existen reiteradas denuncias de otras situaciones que guardan importantes similitudes y, por tanto, los casos analizados serían solo un grupo reducido de una lista más larga de víctimas.

También lee: Ortega buscará cuarto mandato presidencial en Nicaragua; ‘Es un recordatorio de la impunidad’: AI

“En todos los casos documentados, hasta el 2 de agosto pasado (fecha de cierre de la investigación), las autoridades no habían revelado de forma oficial la ubicación exacta de las personas detenidas – lo cual es una exigencia del derecho internacional. 

“En la mayoría de los casos, la única información recibida sobre su posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el ‘Nuevo Chipote’. Sin embargo, meros dichos de agentes policiales, que están a cargo del ingreso de un centro de detención, no son prueba suficiente, oficial y creíble sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas”.

La información referida a Amnistía Internacional da cuenta de que las familias y los representantes legales de las 10 personas detenidas presentaron más de 40 solicitudes, peticiones y recursos ante diferentes autoridades, y solicitaron acceso a los expedientes, revisión médica para las personas detenidas, entrevistas con sus abogados, visita familiar, libertad inmediata, entre otros, sin embargo, “estos recursos han sido inefectivos y en la mayoría de los casos, desprovistos de respuesta de las autoridades”. N