Aguascalientes es uno de los 12 estados de la República en donde se carece de un marco jurídico apropiado para la defensa de las y los periodistas y defensores de derechos humanos, según los resultados del Informe Libertad de Expresión en México 2020, elaborado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), la Universidad de Las Américas de Puebla (UDLAP), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el Programa de Periodismo del CIDE y el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México.
El informe busca medir los medios de prevención, protección, seguridad, acceso a la justicia y pluralidad de medios a nivel estatal, además de analizar el cumplimiento del Mecanismo de Protección Federal y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
La metodología del informe se centra en 11 indicadores y 22 variables distribuidas en tres dimensiones: 1) Marco legal e institucional de protección a la libertad de expresión, 2) Pluralismo en los medios de comunicación y 3) Seguridad y justicia para periodistas y defensores de derechos humanos.
Además de Aguascalientes, carecen de leyes apropiadas que garanticen la protección y defensa de periodistas y activistas son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
Entre las acciones que se han realizado en otras entidades para la defensa y protección de la actividad periodística destacan la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz, la Unidad de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado en Chihuahua, el reglamento de la Ley de Protección del Ejercicio Periodístico en Colima y la Ley para la Protección de Personas en Situación de Riesgo en Guerrero, entre otras.
Por otra parte, 19 estados no cuentan con ningún tipo de estructura de Mecanismo de Protección para periodistas y activistas, entre ellos Aguascalientes.
Otros estados que no contemplan algún tipo de mecanismo de defensa y protección a periodistas y activistas son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Asimismo, sólo cuatro estados cuentan con áreas especializadas para la investigación de delitos contra periodistas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y Oaxaca.
Solamente Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato y Veracruz destinan recursos económicos para sus instancias para la defensa de periodistas a través del Mecanismo o las Unidades Estatales de Protección.
De acuerdo al informe, en 2019 Chihuahua contó con un presupuesto de 14 millones 723 mil 278 pesos, la Ciudad de México con 13 millones 55 mil 850 pesos, Guanajuato con 917 mil 833 pesos y Veracruz con 19 millones 944 mil 369 pesos.
En total se calculó un padrón de 334 periodistas y activistas beneficiados con esos recursos. Los únicos estados en donde no se tienen beneficiarios son Aguascalientes, Durango, Estado de México, Morelos, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
Entre los principales obstáculos para la seguridad y justicia para periodistas y defensores de derechos humanos se encuentra la falta de capacidades técnicas para realizar análisis de riesgos y falta de formatos homologados para el registro de homicidios contra periodistas y activistas, entre otros.
Del promedio total de carpetas de investigación iniciadas o abiertas en México, sólo el 0.02% corresponden a delitos contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos.
Además, 12 estados no generan información de ningún tipo sobre atención de casos de agresión a periodistas y activistas.
Derivado de lo anterior, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) subraya que bajo las condiciones jurídicas, seguridad, justicia y de contexto social expuestas anteriormente, México se mantiene como uno de los países más peligrosos para la práctica del periodismo y de la defensa de los derechos humanos.
Por ello, exhortan a los estados a fortalecer los marcos legales de protección a la libertad de expresión, además de conformar las instituciones especializadas en la protección e investigación de los delitos contra estos sectores de la población.
El informe completo puede ser consultar en la siguiente dirección: https://www.casede.org/index.php/nuestro-trabajo/proyectos-actuales/indice-interactivo-de-la-libertad-de-expresion-en-mexico-2020
