El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para el Estado de Aguascalientes, a fin de sancionar con mayor severidad el ingreso de armas, drogas y dispositivos de comunicación como teléfonos celulares y equipos de radiocomunicación, entre otros objetos, al interior de los Centros de Reinserción Social (CERESOS).
Para ello, se adicionó el delito de “Atentados contra la seguridad de los centros penitenciarios” al artículo 178-A del Código Penal del Estado, como propuesta de la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, Guadalupe de Lira Beltrán.
El nuevo tipo penal contempla sanciones tanto para las personas que ingresen con dichos objetos a los CERESOS y también para las personas privadas de la libertad que cuenten con ellos al interior de sus celdas.
Tras aprobarse, el artículo 178-A quedó de la siguiente manera:
“Toda persona que introduzca o trafique en los Centros Penitenciarios, o suministre a los internos en el mismo, algún aparato de telefonía celular o cualquier otro dispositivo o medio de comunicación con conectividad, o vinculación inalámbrica, satelital, drones, o introduzca armas, o sustancias tóxicas tales como materiales solventes, alcohol u otras sustancias que produzcan efectos similares”.
En el caso de las personas privadas de la libertad, se señalan las mismas consideraciones.
Para las personas externas que ingresen este tipo de objetos, se aplicarán de 3 a 6 años de prisión, y de 25 a 200 días multa, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Cuando las personas que incurran en este delito sean personas privadas de la libertad, la sanción irá de los 2 a los 4 años de prisión, y de 20 a 100 días multa, además del pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
Castigos mayores para servidores públicos
El dictamen aprobado incluye un apartado en el que se indica que las sanciones podrán elevarse en la mitad de sus mínimos y máximos cuando la persona que incurra en el delito de “Atentados contra la seguridad de los centros penitenciarios” sean servidores públicos de instituciones de seguridad pública de la federación o de los estados, o de los órganos jurisdiccionales del Estado.
Asimismo, se impondrá la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar dicho cargo.
Las sanciones contempladas en el Código Penal del Estado también se aplicarán para el caso del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA).
