La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se ha negado constantemente a presentar información solicitada por parte de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) situación que califican como una clara omisión a sus obligaciones, y opacidad que vulnera la vida e integridad de los habitantes del país.
Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora del Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE, explicó a Newsweek Aguascalientes que desde el año pasado se han realizado múltiples solicitudes de información a diversas instituciones federales, con la intención de conocer y medir las consecuencias en enfrentamientos del Ejército Mexicano.
Entre ellas, están las solicitudes realizadas en octubre y noviembre del 2018, de dar a conocer cuántos civiles han resultado muertos, heridos o detenidos desde el 2006 a la fecha, así como saber cuántos elementos de policías municipales, estatales y federales resultaron muertos, heridos o detenidos en enfrentamientos y agresiones con miembros de la delincuencia organizada.
De acuerdo con la investigadora, esta información es vital para conocer y tener la capacidad de evaluar el uso de la fuerza letal por parte de las instituciones federales de seguridad nacional.
“Si no tenemos información sobre el uso de la fuerza no podemos evaluar si se utiliza de forma legal, proporcionada, o si hay una desproporción en su uso”.
La respuesta de información sobre civiles involucrados correspondió hasta el año 2014, con una anotación de sugerir remitir la misma solicitud hacia la Procuraduría General de la República (PGR).
“Fuimos a la oficina de la Procuraduría que ellos dijeron era la encargada de llevar el registro de civiles muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos y le preguntamos sobre lo que dijo la SEDENA y la respuesta fue francamente alarmante; no cuentan con registro, los únicos que tienen en enfrentamientos son aquellos en los cuales la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha participado o emitido recomendaciones”.
Sara Velázquez Moreno, asistente de investigación en el PPD, agregó que la información permite comparar el uso de la fuerza de los elementos mexicanos con el resto del mundo.
“Hay una estadística a nivel global que mide tantos civiles muertos por tantos militares o integrantes de fuerzas de seguridad pública muertos, pero en México ese número se dispara. La doctora Catalina hizo una investigación sobre eso y sí comprobó que en el país el índice de letalidad de los integrantes de las fuerzas armadas es altísimo, pero no hemos podido darle seguimiento porque no tenemos información actual”.
La respuesta ante la solicitud sobre policías involucrados es todavía más grave: la SEDENA declaró esos datos como inexistentes.
Además de evidenciar un alto nivel de opacidad, esta respuesta les resultó contradictoria, pues tienen evidencia de que máximas autoridades de seguridad nacional, han presentado informes con los datos requeridos en diversas ocasiones.
“En las audiencias de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados compareció el Secretario de la Defensa y le preguntaron acerca del uso de la fuerza y de cuántos civiles morían, y él dijo que el año pasado hubo alrededor de 700 civiles muertos”, señaló Pérez Correa.
Además, existen ordenamientos internos en la SEDENA que obligan a los primeros correspondientes a recabar toda la información sobre el involucramiento de personas en enfrentamientos.
“O están mintiendo con que no tienen esta información o están incumpliendo con sus normas internas, que implica que están incumpliendo con las normas sobre el uso de la fuerza”.
Para las participantes del Programa de Política de Drogas, existe una preocupación todavía mayor debido a al reciente creación de la Guardia Nacional, en donde se incluyó la participación directa del Ejército en la conformación de la Guardia como policías Militares, además de otorgarles facultades en tareas de seguridad pública.
“Esto significa que durante los próximos cinco años el presidente tiene la facultad de hacer uso de las fuerzas armadas pero en un contexto de absoluta opacidad”
Ambas solicitudes ya mencionadas fueron impugnadas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desde el pasado mes de marzo.
En sesión, los comisionados del INAI votaron de forma unánime en ordenar a la SEDENA la búsqueda de los datos solicitados, pues señalaron que hay registros de que la SEDENA cuenta con información adicional a la entregada, así como que la Dependencia fue omisa en requerir la información solicitada a las Zonas Militares.
Sin embargo, tras esta resolución la SEDENA volvió a responder con considerar inexistente la información sobre policías involucrados. La institución tiene como fecha límite el 11 de abril para dar a conocer sobre civiles han resultado muertos, heridos o detenidos en relación con el Ejército Mexicano.
De no contar con una respuesta satisfactoria, las investigadoras adelantaron que recurrirán al Poder Judicial de la Federación.
