Víctimas y familiares de actos de tortura por parte del personal de la otrora Procuraduría General de Justicia en el Estado –hoy Fiscalía General del Estado-, informaron que entregarán una carta directa al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Aguascalientes del próximo viernes.
Felipe Hinojo, hermano de una de las víctimas que aún permanece detenido y vocero de los familiares, indicó que realizarán visita presencial durante el acto público del mandatario federal en donde le pedirán que destituya a Felipe Muñoz Vázquez, ex procurador del estado de Aguascalientes, de su actual cargo como subprocurador de Justicia en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República.
“Vamos a solicitarle expresamente que separe de su cargo a Felipe Muñoz, también que lo arraigue por delincuencia organizada y que se investiguen sus propias declaraciones, que se le mande llamar a este señor; le vamos a llevar la carta que viene a evidenciar todo lo que aconteció en Aguascalientes en ese tiempo, aunque de seguro ya tiene algunos antecedentes”.
Al respecto, lamentó las declaraciones del ex procurador en las que desestima la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalando que no se consideraron documentos clave en las investigaciones, además de afirmar que la Fiscalía General de la República se encuentra investigando a jueces y ex servidores públicos que habrían brindado protección al grupo delictivo “La Oficina”, cuando él estaba al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
“El señor está acostumbrando a negar todo esto, inclusive mostró documentos que no debió de haber mostrado por la secrecía, y él queriéndose lavar las manos habla de peritajes médicos en los que se dice que no fueron torturados, cuando la comisión levantó con evidencias de que sí hubo tortura”, subrayó.
Además de buscar el contacto directo con López Obrador, los familiares de las víctimas de tortura acudirán este jueves a la delegación de la CNDH en Aguascalientes, en donde solicitarán información sobre el seguimiento que se le ha dado al tema.
Ese mismo día, acudirán a la Fiscalía General del Estado para solicitarle a su titular que separe de sus funciones a 25 funcionarios que habrían incurrido, directa o indirectamente en los actos de tortura, y que aún se mantienen laborando en la institución, desde ministerios públicos hasta directores de área o vicefiscales.
“Hay una lista de 25 responsables del delito de tortura y le vamos a exigir al fiscal que los separe de su cargo y que a ellos sí que los arraigue, que no los torturen, que los puedan arraigar en sus propias casas, pero que no se escapen porque ellos sí están bien organizados”, declaró.
En caso de que se haga caso omiso a las peticiones, no descartan recurrir a manifestaciones con las personas afectadas para exigir justicia a las diversas autoridades de gobierno.
“Mi esposo fue víctima de violación. Además lo amarraban y arrastraban”
El ex policía municipal de Aguascalientes, Gabriel “N”, es una más de las víctimas de tortura. Fue detenido en el 2011 cuando ingresó a laborar al complejo de seguridad C-4, señalado por los delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Desde entonces se encuentra recluido en el Centro Penitenciario para Varones de Hermosillo, Sonora.
Su esposa, Rosa María “N”, dio a conocer algunos de los actos de tortura cometidos en contra de su familiar por parte de personal del Ministerio Público durante el mes que estuvo recluido en la casa de arraigos de la PGJE, antes de ser enviado al CERESO.
“Lo sacaban encapuchado en las madrugadas. Nos decían que los llevaban cerca de las vías, los amarraban de las camionetas y lo arrastraban, además fueron golpes en el cuerpo, que le dejaron secuelas en uno de los costados de su cuerpo”, refirió.
La agresión más fuerte fue la presunta violación con un arma de fuego, agregó Rosa María.
“Fue violado con un arma larga adentro de la misma Policía Ministerial. Incluso, una señora que hacía el aseo ahí en la Fiscalía me dijo que mi esposo se iba a suicidar en un sótano donde los tenían”.
Las afectaciones no sólo han sido para él, sino también en sus seres queridos.
“A mis hijas les hacían muchísimo bullying en la escuela o a veces, en los trabajos no querían estar ahí y yo les decía que nunca se dejaran humillar, y él siempre me dijo que nunca hizo nada y que él siempre fue un buen papá, un buen policía y un buen compañero de trabajo”.
Junto con él fueron detenidos dos familiares que también eran policías municipales, los cuales ya quedaron en libertad. En el caso de Gabriel “N”, aún no ha recibido sentencia, pero espera que pronto pueda ser absuelto por los delitos que se le imputan.
“Hace cinco años que fue enviado al CERESO de Hermosillo, Sonora, y desde entonces yo no lo he visto ni mis hijas, por mi situación económica, él ya lleva encerrado desde hace ocho años pero hasta ahorita no se le ha comprobado absolutamente nada”.
