El alcalde de Guanajuato, Edgar Castro, se encuentra en una de las encrucijadas más complejas de su mediocre administración: cumplir con sus responsabilidades jurídicas y administrativas, a costa de su alianza con el dueño de TV Guanajuato (TV8); o por el otro lado, darle la espalda a la ciudadanía y convertirse en cómplice de una anómala (y quizá ilegal) situación de adeudo de una empresa privada con el Ayuntamiento que preside.

El caso ha sido ampliamente documentado: la empresa de televisión de cable a través de la cual se transmite la señal de TV Guanajuato (TV8), propiedad de Jorge Rodríguez Medrano, le adeuda al municipio de Guanajuato una suma que se estima en alrededor de 87 millones de pesos, una suma equivalente a una cuarta parte del presupuesto anual del municipio.

Hay varias preguntas que el gobierno municipal no ha contestado: 1) ¿por qué se le permitió a la empresa instalar su infraestructura, sin los pagos correspondientes?; 2) ¿por qué no se le dio seguimiento al estatus de la empresa, en lo que se refiere s sus compromisos con el Municipio?; y 3) ¿Por qué ahora que se conoce la situación, no se ha actuado en consecuencia: o cobrar el adeudo o retirar los cables de la vía pública?

Eso en lo que se refiere al cobro de derechos; pero se encuentra también el tema relativo al otorgamiento de cuantiosos recursos en publicidad al canal referido: ¿cuáles son los criterios con los que se le han asignado contratos de publicidad? ¿existe un acuerdo del Ayuntamiento que fije o determine reglas mínimas para el uso de los recursos públicos para publicidad? ¿Cómo se justifica que TV8 haya recibido alrededor de 10 millones de pesos en contratos publicitarios en los últimos años?

En el fondo del asunto se encuentran cuestiones que rebasan el ámbito de la mera gestión municipal: ¿Por qué toleramos como ciudadanía que se utilicen los recursos públicos a cambio de lisonjas y trato zalamero en medios de comunicación? ¿Por qué toleramos que se siga reproduciendo la lógica del pan y el garrote como criterio general de la relación de los gobiernos con la prensa?

En su famoso discurso, “el presidente y la prensa”, John F. Kennedy lo establecía con claridad: los gobiernos, en sociedades libres, no deben esperar el aplauso o la alabanza de los medios, sino su crítica informada, el señalamiento de sus errores, perspectivas a favor de la libertad y la democracia.

Es un error monumental pensar que la prensa tiene alguna responsabilidad en “promover todo lo que se hace bien”; para eso están los “aplaudidores y matraqueros” del poder. El periodismo auténtico informa de manera imparcial, promueve la contrastación de perspectivas y visiones del poder y de la sociedad; critica y señala; alienta la opinión crítica y disidente, y es tolerante y abierto ante la diferencia y la pluralidad.

En eso, el gobierno de Edgar Castro ha quedado a deber; porque es alcalde de la capital de uno de los estados más importantes del país, desde la perspectiva histórica y cultural, hasta la demográfica y económica.

El otro tema de fondo es el siguiente ¿cuántos alcaldes más han actuado de manera similar? ¿Cuántos millones de pesos se pagan en los 46 municipios del estado para sostener portales de internet, pasquines y otro tipo de medios serviles al poder? ¿Cuántos políticos pagan entrevistas, publi-reportajes o notas que son presentados como parte de los servicios informativos de los medios?

No es ético, utilizar el dinero público para fines distintos que la garantía plena y universal de los derechos humanos; menos aún en un estado donde hay más de 2.5 millones de personas en situación de pobreza.

El asunto no es menor. Sin medios libres, sin un periodismo auténtico, la democracia está incompleta; de hecho no es una democracia auténtica. Porque una prensa libre es uno de los contrapesos esenciales al poder y uno de los límites a su abuso. La prensa libre debe ser la voz crítica de la ciudadanía; el ojo observador de la cosa pública.

Alcaldes como Edgar Castro, o no lo entienden, o simplemente lo asumen con cinismo. Y ese es uno de los escenarios que ya no podemos permitir; porque en ello nos va la posibilidad de transformar al país, de reconstruir a una República fragmentada desde lo local y de avanzar de forma decidida hacia un país de leyes, de transparencia y buenos gobiernos que rindan cuentas. De eso de trata la democracia, ¿o no?