La Fiscalía General del Estado trasladó el día de hoy a nueve menores en abandono y relacionados con prostitución del municipio de Calvillo a la capital del estado. La primer denuncia sobre el estado de los menores fue interpuesta ante la Fiscalía en el 2016.

Las víctimas, que van de los casi 2 a los 17 años de edad, se encontraban en abandono por parte de sus familiares y se presume que estén relacionados con prostitución y hayan mantenido contacto con personas que trafican con drogas, sin que se sepa aún si ellos consumían.

Debido a que fueron separados de sus familias, se encuentran en diversas instituciones especializadas en el cuidado de menores. Entre las víctimas se encuentran seis niñas y tres niños, ninguno presenta hasta el momento signos de violencia física.

“Ahorita lo que podemos informar es que los menores estaban en un estado de abandono, tenemos hasta este momento reportes de que los niños estaban fuera del ámbito educativo, que se encontraban sin aseo, descalzos y expuestos a altas horas de la noche a andar deambulando en la calle y por ese motivo podemos creer que también tengan contacto con personas que se dedican a la distribución de narcóticos”, explicó Jesús Figueroa Ortega, fiscal general del estado, quien hasta el primer día en el que tomó posesión en el cargo -el pasado primero de marzo- tuvo conocimiento del caso.

El traslado de las víctimas se realizó bajo la figura legal de depósito de personas, con una orden emitida por el Juzgado Quinto de lo Familiar.

Figueroa Ortega añadió que aún no se determina si los menores eran prostituidos, o alguno de sus familiares mantiene cercanía con la prostitución.

“La información que tenemos es que estaban expuestos de alguna manera a temas de prostitución, no tenemos seguridad de si ellos estaban siendo objetos de prostitución o si algún familiar cercano ejercía la prostitución y ellos tenían contacto con ese tema”.

En caso de comprobarse, aseguró que serían sancionadas las personas que hubieran obtenido cualquier tipo de beneficio en perjuicio de los menores.

La Fiscalía mantiene como sospechosos a tres personas contra las que se pudiera ejercer alguna acción penal como corrupción de menores, abandono, lesiones o si incurrieran en el comicio de prostitución infantil, que corresponde a un delito federal. Los tres sospechosos tienen lazos de parentesco con las víctimas, sin que hasta el momento se pueda informar de qué tipo.

“Vamos a continuar con las investigaciones, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito penal, para saber si existe responsabilidad o responsabilidades en relación a estos menores. Pudiéramos decir que sí hay imputados porque si una persona abandona a otra, podemos considerar que hay responsabilidad sobre la persona que abandona”, agregó el fiscal.

Al momento de la búsqueda de los menores, éstos no fueron ubicados en sus domicilios y se localizaron después en las calles de un barrio no especificado de Calvillo.

“Algunos incluso se encontraron en la calle, los familiares no los tenían en su domicilio, ya se tenía la información de los domicilios en donde se podía localizar a estos menores, pero la familia desconocía su paradero. Yo como fiscal a partir del primero de marzo tuve conocimiento de esta acción, y precisamente derivado de una acción de la Fiscalía se está haciendo la separación de estos menores que están evidentemente en riesgo”.

Las víctimas serán sometidas a exámenes psicológicos y médicos para determinar el grado de afectación.

“La mayor afectación que sufre un menor en ese nivel es psicológica, entonces van a tener que ser sujetos de valoraciones psicológicas. Físicamente los menores se encuentran aparentemente bien, pero esto se podrá responder con certeza cuando se haga un estudio médico y psicológico”.

Figueroa Ortega dijo desconocer porqué la Fiscalía tardó tanto tiempo en actuar sobre el caso y si hubo negligencia. Durante el año en que se presentó la denuncia, quien dirigía la Fiscalía era Óscar González Mendívil.

Los menores no han rendido hasta el momento ninguna declaración; y la Fiscalía tampoco ha emitido ninguna medida cautelar contra los sospechosos.

“Para que un juez imponga una medida cautelar es necesario que se ejerza una acción penal, que no se ha emitido, la acción de hoy es una medida preventiva para continuar con las investigaciones, hasta que tengamos certeza jurídica sobre los hechos, procederemos”.