El gobierno mexicano condenó la revocación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y anunció que promoverá ante los Poderes de los Estados Unidos una pronta solución permanente que brinde certidumbre jurídica a los dreamers, jóvenes nacidos en México y otros países latinoamericanos que fueron llevados a la Unión Americana durante su infancia.

“México lamenta profundamente la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA… México recibirá con brazos abiertos a los jóvenes que regresen. Elgobierno de México les ofrecerá el mayor apoyo para integrarse plenamente al país”, informó ayer el presidente Enrique Peña Nieto en una serie de tuits.

Sin embargo, a la par de que la administración de Peña Nieto anunció el apoyo que su gobierno dará a los dreamers, cuya inmensa mayoría son mexicanos, en México se mantiene una trato cuestionado hacia la población inmigrante que huye de la violencia de Centroamérica, a la cual se ha llegado a ocultar mecanismos como la solicitud de asilo, tal y como han documentado organizaciones sociales.

El gobierno mexicano ha llevado a cabo mejoras en su programa de asilo en los últimos años y ante el incremento de solicitudes de ha otorgado protección a una tasa más alta que antes. Sin embargo, el sistema sigue presentado fallas que han sido detectadas por la organización civil.

Amnistía Internacional dio cuenta recientemente en su reporte “Enfrentando muros: Violaciones de los derechos de solicitantes de asilo en Estados Unidos y México” cómo numerosos solicitantes de asilo en México dijeron que habían sido devueltos en varias ocasiones a sus países y que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) no les habían informado en ningún momento de su derecho a pedir asilo.

“La mayoría de los solicitantes de asilo entrevistados por Amnistía Internacional tuvieron conocimiento de su derecho a pedir asilo por pura suerte o de boca de otras personas durante sus viajes, o lo supieron porque les informaron de ello los trabajadores humanitarios de los albergues para migrantes”, se lee en el reporte.

La organización defensora de derechos humanos abundó en su informe que “en numerosas ocasiones”, las personas que huían de la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica relataron que cuando expresaban su temor en caso de volver a su país, los agentes del INM ignoraban sus palabras y, a veces, hacían comentarios despectivos o burlones al respecto.

Funcionarios del INM dijeron a Amnistía Internacional que a cada persona migrante en situación irregular se le realiza una entrevista de aproximadamente una hora cuando la detienen, y en ella le explican su derecho a la protección.111 Sin embargo, Amnistía Internacional recopiló una serie de testimonios de migrantes y abogados que visitan habitualmente los centros de detención para migrantes y que aseguran que las entrevistas no sólo no se llevan a cabo con tanta profundidad sino que, de hecho, suelen ser muy breves y en ellas no se proporcionan explicaciones adecuadas.

“Los procedimientos seguidos por el INM para garantizar que las personas migrantes son informadas adecuadamente de su derecho a pedir protección necesitan una revisión urgente… Estas iniciativas deben venir acompañadas de una revisión de las prácticas llevadas a cabo por los agentes del INM que practican las detenciones y las deportaciones de las personas migrantes y solicitantes de asilo”, recomendó la organización.

Un informe elaborado por La 72, una reconocida casa refugio localizada en Tenosique, Tabasco, reportó en abril que el gobierno de México no estaba a la altura de los retos de un flujo migratorio en aumento y -lejos de asumir el derecho internacional- “sistemáticamente niega el refugio a las personas que huyen de sus países por causa de la violencia generalizada que se vive sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala”.

El reporte afirma que el procedimiento de refugio en México es “muy deficiente” debido a que el personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está poco calificado, además de que hay un total desconocimiento de la Ley por parte de las autoridades. A esto se suma la falta de infraestructura que hace que no exista garantía al debido proceso de los solicitantes.

El informe destaca además las “múltiples violaciones a los derechos humanos” cometidas contra las personas migrantes y refugiadas y menciona que a su ingreso al país, se han dado casos en los que las autoridades migratorias no dan crédito de las causas que les impiden a los solicitantes regresar a su país y los deportan aún cuando traen pruebas.

Los mismos abusos fueron señalados por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). La organización indicó en un reporte publicado en julio que México ha incrementado drásticamente su capacidad para detener y deportar migrantes, “pero no ha desarrollado con la misma prioridad ni urgencia los mecanismos para investigar los delitos cometidos en contra de ellos”.