La diputada priísta Erika Saab Lara propuso incrementar la penalidad en delito doloso cometidos contra periodistas, cuya finalidad sea afectar o limitar su derecho a la libertad de expresión, y que cuando la conducta provenga de un servidor público se agrave aún más el castigo.
“Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista… se aumentarán hasta en una tercera parte las sanciones penales que correspondan al delito cometido, y se aumentarán hasta en una mitad cuando sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia”, señala la iniciativa que presentó en sesión de la Diputación Permanente.
La modificación corresponde al artículo 92 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, relativo a la aplicación de las penas y las medidas de seguridad, a efecto de armonizar la legislación local con las disposiciones del Código Penal Federal y agravar la punibilidad de los tipos penales aplicables a los ilícitos cometidos en contra de reporteros o instalaciones de medios de comunicación, expuso.
“Existe la necesidad de actualizar nuestro marco jurídico penal para brindar una mayor protección a quienes ejercen labores periodísticas; ello, en el estado de Hidalgo, como una medida de prevención del delito y una estrategia de política criminal para sancionar a aquellos ilícitos”, sostuvo la priísta.
Hasta el 21 de junio, cuatro personas dedicadas a ejercer este oficio en Hidalgo habían obtenido medidas de protección en Tula, Huejutla, Tulancingo y Pachuca, según la fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión.
AGRESIONES
En la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), los reporteros Susana Jiménez y Víctor Hugo Valera iniciaron la queja VG-1604-17por la omisión de dos policías municipales ante las agresiones físicas de que fueron víctimas.
Desde 2010, 22 quejas iniciadas en la CDHEH por reporteros y comunicadores por agresiones de funcionarios públicos: sólo una termino en recomendación VGJ-1981-12.
Según datos de la fiscalía especial, los municipios donde se registran más agresiones contra comunicadores son Pachuca, Mixquiahuala, Tula, Huejutla y Tulancingo.
