Más allá del motivo por el que
los policías municipales detuvieron a los jóvenes de la Normal Rural Vasco de
Quiroga de Tiripetío, Michoacán; debieron haberlos presentado ante una
autoridad que verificara su integridad física, dijo en entrevista Jesús Eduardo
Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Incluso en el supuesto caso del
rescate, su obligación era presentarlos ante una autoridad y habiendo de por
medio la probable comisión de un delito que indicaba por lo menos daño en las
cosas y lesiones tendría que haberlos presentado al Ministerio Público”, abundó
el Ombudsman.
El Defensor de los derechos
humanos puso en duda la versión oficial ofrecida por la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal de que fueron ciudadanos quienes agredieron a los
normalistas, porque los videos de evidencia muestran otra cosa.
Para la CEDHA fue una situación
muy extraña que el propio viernes ni la Fiscalía General del Estado, ni el C4
Municipal, ni la Dirección de Tránsito, ni la Policía Federal tuviera detenidos
cuando existían fotografías mostrando a los elementos de seguridad pública con
los jóvenes.
Como parte de la investigación
averiguarán por qué las autoridades negaron la información de los detenidos, la falsedad
de las declaraciones y las violaciones de derechos humanos que se hayan
cometido en el proceso.
En total, la Comisión tiene
declaraciones de ocho de los estudiantes agredidos, así como las denuncias
interpuestas por el Observatorio de Violencia Social y de Género de
Aguascalientes y la petición de la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos para profundizar en la investigación.
Específicamente en cuanto al uso
de las chicharras -no es esta la primera ocasión que la CEDHA llama la atención
sobre este asunto- las corporaciones policíacas han argumentado ya que existe
una prohibición expresa del uso de estos elementos.
“Si las traen sin autorización lo
que nos están mostrando es que entonces los mandos no pueden cumplir su función,
y si un mando no es capaz de hacer a sus policías que respeten los reglamentos
y las cuestiones institucionales que piense en dedicarse a otra cosa”.
Agregó Martín Jáuregui que es
indispensable distinguir que la situación de las estudiantes de la Normal Rural
Justo Sierra Méndez, derivó en dos conflictos, por una parte la situación
académica por la cual las jóvenes venían realizando manifestaciones desde días
pasados, principalmente para preservar la matrícula de 120 estudiantes y que la
institución sea sólo para mujeres. Dicha situación fue resuelta con el anuncio
de las autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)
respaldado por las propias normalistas donde se dio por concluido el
requerimiento.
Por otro lado, está la agresión
del viernes pasado donde se vieron involucradas autoridades municipales de
seguridad pública que desde la perspectiva del Ombudsman, no entendieron que se
estaba buscando privilegiar el diálogo y reaccionaron de manera violenta, lo
cual es inaceptable desde cualquier perspectiva.
LA CEDHA desde el pasado primero
de junio había iniciado ya de oficio una investigación sobre el caso de la
normal previendo que como parte de sus manifestaciones de inconformidad pudiera
presentarse alguna violación de sus derechos humanos, aunque no habían emitido
ninguna medida cautelar porque hasta antes de los hechos del viernes no lo
habían considerado pertinente.
“El viernes se complementó con
las denuncias especiales de los jóvenes que fueron lesionados… ese día
estuvimos en los hospitales, por lo menos en dos hospitales, tenemos
declaraciones de por lo menos ocho jóvenes y estamos pidiendo ahora que se nos
dé el informe oficial por parte de las autoridades policíacas”.
Finalmente, Martín Jáuregui
comentó que si las autoridades cooperan para proporcionar la información
requerida, en 15 días estaría la Comisión en condiciones de emitir una
resolución.
