EL PROCESO ELECTORAL que se desarrolló en el Estado de México, Coahuila y Nayarit para elegir a sus respectivos gobernadores, y en Veracruz para elegir a presidentes municipales, marcó el tono de lo que podremos esperar como ciudadanos en el proceso de elección de la Presidencia de la República, pero también de todo el Congreso de la Unión, y de varias gubernaturas y congresos locales en el año 2018.

Al respecto, uno de los temas que debe destacarse es la reiterada utilización de los recursos públicos para la promoción de proyectos personales, y para sacar raja política para los partidos o grupos en el poder a escala local. Esta realidad, a la que se ha denominado comúnmente como los “virreinatos estatales”, se le ha sumado la de los “marquesados municipales”, en donde no hay ningún control, a pesar de las recientes reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas, del dinero público y de cómo se articulan programas y acciones sociales.

En efecto, los datos que presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), respecto del Inventario Municipal de Programas y Acciones Sociales, muestra que entre los años 2012-2013 y 2014, el número creció de 1,883 a 2,730 acciones y programas municipales identificados.

Lo anterior significa que, además de los programas que operan la federación y los gobiernos estatales, habría en promedio al menos un programa o acción en cada uno de los municipios del país, lo cual, en su conjunto, representa un gigantesco desastre porque, a pesar de todas estas acciones, el ingreso de las personas no mejora y la realidad muestra que, en sentido estricto, lo que se obtiene como producto del trabajo tiene una tendencia a la baja.

Los datos del propio Coneval muestran que, al primer trimestre de 2016, el ingreso laboral per cápita en el país se ubicó en un promedio mensual, con precios deflactados a la canasta alimentaria de 2010, en 1,596.20 pesos por persona.

En las entidades en donde hubo elecciones el panorama no pinta mucho mejor. Por ejemplo, en Coahuila el ingreso laboral per cápita fue, igualmente en el primer trimestre de 2017, de 2,029.62 pesos mensuales. En el Estado de México fue de 1,535.63 pesos, mientras que en Nayarit el promedio de ingresos laborales fue de 1,735.38 pesos mensuales per cápita.

Además de estos indicadores, en las entidades en donde hubo elección para gobernador lo que se encuentra son severos problemas de inseguridad alimentaria y de violación sistemática del derecho a la alimentación. Así, por ejemplo, la Encuesta Intercensal 2015 levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), documenta que, en Coahuila, en el 13.75 % de los hogares con algún menor de edad, estos tuvieron poca variedad en sus alimentos, mientras que en el 5.67 % de los casos, algún menor se fue a dormir con solo una comida durante el día o sin haber realizado ninguna comida. En números absolutos, esto representa una suma aproximada de 27,538 niñas y niños que no comen o comen solo una vez al día.

En el Estado de México la situación es aún más crítica. El INEGI estima que ahí en el 16.99 % de los hogares en donde hay niños, estos tuvieron poca variedad en sus alimentos, mientras que en el 6.11 % de los casos, los niños no tuvieron nada que comer o comieron solo una vez al día; indicador que en números absolutos representa una cifra aproximada de 158,555 infantes en condición de hambre.

Finalmente, en el caso de Nayarit, el 20.78 % de los hogares en donde hay niños, estos tuvieron poca variedad en sus alimentos; asimismo, en el 7.27 % de los casos, alguno de esos menores no tuvo nada qué comer o comió solo una vez al día, lo cual, nuevamente traducido a números absolutos, implica una suma de 14,436 niños en situación de hambre.

En el agregado, se tienen en estas entidades prácticamente 200,000 niños y adolescentes que carecen de alimentación, y en contraste, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, puede estimarse un promedio de 30%de niños que viven con obesidad o sobrepeso.

Hay otros indicadores que pueden dar cuenta del tiradero que dejan las entidades salientes. Por ejemplo, Coahuila es, de acuerdo con las estadísticas de natalidad del INEGI, el “campeón nacional” en el porcentaje de embarazos de adolescentes menores de 19 años.

El Estado de México presenta, por su parte, estadísticas de mortalidad en las que las primeras cuatro causas de defunciones son la diabetes, la hipertensión, los accidentes y los homicidios. Cifras que por supuesto revelan que la epidemiología de la entidad se encuentra marcada por lo que los expertos denominan como los determinantes sociales de la salud, es decir, la mayoría de las defunciones en la entidad se debe sobre todo a causas sociales, antes que virales o bacterianas.

En Nayarit, por su parte, se encuentran indicadores de mortalidad y morbilidad igualmente preocupantes, y revelan las mismas circunstancias que en las otras entidades; y todo ello derivado de la corrupción o de la incapacidad para gobernar tanto en la escala estatal, como en la municipal.

¿Cómo explicar las condiciones deplorables en que viven las personas en las entidades donde hubo elecciones, si en cada una de ellas hay una infinidad de programas estatales? Por ejemplo, en Coahuila el Coneval documenta que operan al menos 93 programas y acciones sociales con recursos estatales, que en el Estado de México operan 97 y que en Nayarit lo hacen 96.

¿A dónde fueron a parar estos recursos? ¿Quiénes son los principales beneficiarios? ¿Por qué prevalece el hambre, las enfermedades y la mortalidad evitable cuando existen tantos programas, recursos e infraestructura para el desarrollo social? Y ¿por qué hasta ahora la federación no ha puesto un alto a los excesos y dispendio de los recursos que deberían impactar positivamente en la vida de las personas?

Si los programas y recursos públicos se dirigen mayoritariamente al combate a la pobreza, al financiamiento de proyectos productivos y al mejoramiento de la vivienda, ¿cómo es que, de acuerdo con el INEGI, en Coahuila había todavía en 2015 un total de 15,000 viviendas en las cuales el principal combustible para cocinar era la leña, en el Estado de México, 267,910, y en Nayarit, 39,574?

Continuando con los datos del INEGI, el 9.24 % de las viviendas carecen de agua entubada en el interior de su construcción; en el Estado de México esta carencia se registró en el 26.8 % de las viviendas, mientras que en Nayarit el indicador es de 25.9.

Finalmente, en el recuento de las carencias es importante decir que, según los datos del INEGI, en Coahuila el 4 % de los hogares carece de refrigerador, y el 15, de lavadora; en el Estado de México el 16 % no tiene refrigerador, y el 30, lavadora; y en Nayarit, el 12 % de las viviendas carece de refrigerador, y el 28 no tiene lavadora.

Frente a estos datos, el panorama nacional en su conjunto puede presentar algunas variaciones estatales; sin embargo, la realidad es que vivimos en un marco de carencias, marginación, pobreza y precariedad laboral que no fue resuelta por los gobiernos estatales, y frente a la cual también el gobierno federal se encuentra en una profunda deuda, sobre todo si se considera que el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, aun con los recortes presupuestales, superó los 4.5 billones de pesos.

Debe insistirse: el derroche, la corrupción y la incapacidad de gobernar son las constantes en los ámbitos locales, lo cual hace más compleja la enorme desarticulación institucional que se percibe en las dependencias del gobierno federal. Y que, lamentablemente, rumbo a 2018, les muestra a los codiciosos que ser gobierno estatal o local significa acceder a fuentes inagotables de recursos que son poco supervisados y cuya eficacia es poco cuestionada por sus ciudadanías.

El resultado está a la vista: compra de votos, baja participación ciudadana, crisis de los partidos políticos, ausencia de representatividad de los legisladores, presidentes municipales y gobernadores marcados por la sombra de la corrupción y la impunidad. En síntesis, una democracia fallida y disfuncional que genera más incentivos para el enquistamiento de los corruptos en los principales espacios de decisión que para la consolidación de nuevos liderazgos sociales realmente comprometidos con los derechos humanos y la cimentación de un nuevo Estado de bienestar.

Lo esperable con todo esto, de manera preocupante y lamentables es que, también, luego de la elección de 2018, lo que encontremos los ciudadanos sea un triste tiradero que será muy difícil de reordenar.

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El autor es director editorial de México Social