La Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal (PF) dieron a conocer un “análisis criminológico de los sucesos relacionados por el incremento al precio de la gasolina”, en el que señalaron como principales responsables del desorden social a políticos de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con el documento, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, encabeza la lista, seguido de Mario Delgado, senador también de Morena. El ex diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, también se encuentra entre ellos, junto a la diputada panista del Congreso de Chihuahua, Blanca Gámez Gutiérrez; y Alfredo Lozoya Santillán, presidente municipal de Hidalgo del Parral.
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En el análisis se distribuyeron los “focos rojos” de disturbios en un mapa de la República Mexicana, y se publicó la fotografía, el nombre, CURP, RFC, partido político y cuentas de redes sociales de los principales “promotores” de revueltas sociales en contra del alza de los precios de los combustibles.
“En seguimiento a las diferentes acciones organizadas hasta el día 05 de enero del año en las que se presentaron bloqueos de vialidades locales, estatales y federales, toma de gasolineras, retención de unidades de Pemex, distribución ilegal de combustible, robo y saqueo de centros comerciales y tiendas de autoservicio; se realizó el análisis a partir de la perspectiva criminológica y las conductas antisociales detectadas, obteniendo los siguientes resultados”, dice el reporte.
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El reporte también especifica las entidades con “mayor nivel de riesgo”, en las que se encuentran el Estado de México, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo.
“Se puede apreciar que de acuerdo a los sucesos presentados, al menos siete Estados presenta un alto nivel de riesgo, para la comisión de nuevas conductas antisociales y delictivas, por lo que dichos Estados, principalmente el Estado de México, se encuentra posicionado en un alto nivel de vulnerabilidad criminodelictivo como victimológico, ya que el desarrollo de conductas por parte de sus habitantes ha puesto en riesgo la integridad física como material de terceras personas, así como instituciones y dependencias de gobierno”, es una de las “consideraciones” que especifica el documento.
