Vergonzosamente, México es tierra minada para el ejercicio del periodismo.

“Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir solo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente”. Gabriel García Márquez. Discurso ante la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Octubre 7 de 1996.

México es tierra minada para el ejercicio del periodismo. Las agresiones contra los comunicadores, que van desde las amenazas y las intimidaciones hasta las agresiones físicas, los secuestros y —en el peor de los casos— los asesinatos, colocan a nuestro país en una situación similar a la que se vive en Irak o en la República del Congo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través de su Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, informó que ha recibido 347 quejas relacionadas con violaciones a las garantías individuales de los comunicadores, en el periodo del 1 de enero de 2010 al 28 de febrero de 2014.

Desde el año 2000, el organismo ha registrado el homicidio de 88 periodistas presumiblemente por razones relacionadas con su actividad y 41 atentados a instalaciones de medios de comunicación. Además, de 2005 a la fecha ha documentado la desaparición de 20 profesionales de la información.

Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización defensora de la libertad de expresión, hizo suyos los datos de la CNDH, y en su edición 2014 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa¹ colocó a México en el lugar 152 de 180 países evaluados.

Esta clasificación sobre la libertad de prensa estudia principalmente el impacto que tienen los conflictos armados en la libertad de información. Por lo que resulta sumamente preocupante que estemos incluso por debajo de Congo (lugar 151), que padece la violencia generada por guerrillas y grupos terroristas.

Según esa clasificación, los países con mayor libertad de prensa son: Finlandia, que ocupa el primer escaño por cuarto año consecutivo, Países Bajos y Noruega. Al final se encuentran Turmekistán, Corea del Norte y Eritrea.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental de defensa de la libertad de prensa con sede en Nueva York, examinó los homicidios de reporteros ocurridos entre 2004 y finales de 2013 y elaboró otro listado de acuerdo con un índice de impunidad que calcula el número de asesinatos no resueltos de periodistas en relación con la población de cada país.

En América Latina, el peor registro es para México, que cuenta con 16 casos no esclarecidos, lo que lo ubica en séptimo lugar, seguido de Colombia en el octavo y Brasil en el undécimo. El índice está encabezado por Irak, Somalia, Filipinas, Sri Lanka, Siria y Afganistán.

“La justicia continúa evadiendo a los periodistas mexicanos, quienes sufren una incesante violencia por informar sobre la delincuencia y la corrupción. Un total de 16 periodistas fueron asesinados con absoluta impunidad durante los últimos 10 años y otro más fue asesinado en lo que va de 2014”, establece el reporte.

Sin importar el lugar en el que se coloque a México, hay un denominador común en todas estas mediciones: la impunidad.

LOS ENEMIGOS DE LA PRENSA EN MÉXICO

Del total de casos relacionados con homicidios y desapariciones de periodistas, así como de atentados a medios de comunicación, únicamente el 19 por ciento de las investigaciones se han consignado ante un juez y solo 10 por ciento de estos casos han terminado en una sentencia condenatoria, lo que arroja un índice de impunidad de 89 por ciento.

Son datos de la CNDH que en agosto de 2013 emitió la recomendación general número 20, en la que advirtió que la impunidad en los ataques a la prensa obedece a que, tras integrar una averiguación previa, las autoridades ministeriales incumplen con su obligación de investigar y recabar pruebas para llegar a la verdad de los ilícitos cometidos contra comunicadores.

Aquí algunos casos concretos:  El 5 de febrero pasado, Gregorio Jiménez, reportero del periódico Notisur de Veracruz, que dedicó varios de sus textos al tráfico y secuestro de migrantes, fue “levantado” cuando se dirigía a su domicilio. Seis días después, su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina.

Los detenidos por esta ejecución dijeron que la dueña de un bar usado como casa de seguridad por traficantes de migrantes les pagó 20 000 pesos. Pese a estos indicios, las autoridades locales concluyeron que el homicidio fue producto de un “pleito vecinal”.

El 17 de julio de 2013, Alberto López Bello fue atacado en Oaxaca. Durante seis años había trabajado como reportero de la fuente policiaca para el diario El Imparcial y para la cadena Radiorama, y antes de ser asesinado publicó distintas notas sobre la venta de droga en la capital del estado.

Un mes después, la Procuraduría de Oaxaca negó que este asesinato fuera producto de su labor periodística, aseguró que se debió a un “pleito de cantina” y que cuatro sicarios aceptaron su participación, por lo que estaban bajo proceso.

Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, Veracruz, quien publicó varios reportajes sobre el crimen organizado y la corrupción política y policiaca en la entidad, fue asesinada el 28 de abril de 2012.

Siete meses después, las autoridades presentaron a un homicida que aseguró que el móvil fue el robo. Luego denunció haber sido torturado para hacer tales afirmaciones, por lo que obtuvo un amparo de la justicia federal y quedó libre. Las autoridades de Veracruz presentaron una nueva hipótesis: el crimen fue producto de “cuestiones pasionales” y cerraron el caso.

El Comité para la Protección de Periodistas señaló que en 73 por ciento de los asesinatos de periodistas mexicanos estuvieron involucrados grupos criminales; en 8 por ciento, militares; en una cifra igual, residentes locales; en 4 por ciento, funcionarios de los gobiernos, y en otro 8 por ciento se desconocía la filiación del atacante.

RSF señala a Los Zetas como “el mayor predador de los periodistas en México”, aunque también advierte la existencia de otras organizaciones criminales “que actúan con la complicidad de las autoridades locales, y a veces federales, corruptas”.

De acuerdo con el “Capítulo México” de la organización Artículo 19, 40 por ciento de las víctimas ocupaban cargos de reporteros; 17, de dirección; 16 por ciento eran fotorreporteros; 12 por ciento, locutores; 8, columnistas y 7 por ciento jefes de redacción.

Ante esta situación, numerosos medios, especialmente de las zonas con mayor presencia del crimen organizado, han optado por la autocensura al renunciar abordar el tema del narcotráfico, por temor a represalias violentas.

El 16 de septiembre de 2010, Luis Carlos Santiago Orozco, fotorreportero de El Diario de Chihuahua, fue baleado cuando se encontraba en el automóvil de Gustavo de la Rosa, defensor de derechos humanos. Al día siguiente, el periódico publicó un editorial en el que anunciaba que dejaría de publicar notas de seguridad pública con tal de garantizar la vida de sus empleados.

LOS RETOS DEL PERIODISMO, BAJO LA METRALLA

El 5 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR.

El pasado 1 de marzo dio a conocer que ha iniciado 493 averiguaciones previas por delitos cometidos contra periodistas, de las cuales 130 están en investigación y 43 han sido consignadas ante un juez. Las entidades con más denuncias son Veracruz, Tamaulipas y el Distrito Federal.

También reveló que ha emitido 80 medidas de protección, que van desde la colocación de cámaras de seguridad y botones de pánico hasta la asignación de escoltas, vehículos blindados y chalecos antibalas, para garantizar la integración física de los comunicadores.

En 2012, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional que faculta a las autoridades federales para atraer los crímenes y delitos que atentan contra la libertad de información o el ejercicio del periodismo. Esta modificación permitió la creación del Mecanismo para la Protección de Periodistas y de Defensores de Derechos Humanos.

Estas medidas, como lo demuestran las cifras y los casos expuestos, resultan insuficientes y se requiere un acuerdo que comprometa a los gobiernos federal, estatales y capitalino, a los medios de comunicación y sus trabajadores, y a la propia sociedad a fin de “blindar” la actividad periodística.

Este 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, es una buena ocasión para dar pasos en ese sentido. Y para no solo hacer del periodismo “el mejor oficio del mundo”, como lo estimó el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez; sino también el más seguro. 

Hannia Novell es periodista y conductora del noticiario Proyecto 40. Twitter: @HanniaNovell