La administración Trump está involucrada en una extralimitación “atroz” en el caso de las deportaciones hacia El Salvador, dijeron tres expertos políticos y legales a un juez.
El enfrentamiento entre la administración Trump y el juez federal de Washington, DC, James Boasberg, se ha intensificado después de que el presidente Donald Trump pidiera un proceso de destitución en su contra.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una inusual declaración pública en la que explica que los jueces federales no deben ser sometidos a juicio político por decisiones impopulares para el gobierno. El caso plantea interrogantes sobre la imparcialidad e independencia de los jueces federales.
Privilegio de secretos de Estado
El 15 de marzo, Boasberg advirtió a funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ) que un grupo de hombres venezolanos no debía ser deportado a El Salvador hasta que se hubieran considerado todos los hechos del caso. Los hombres fueron deportados ese mismo día, y Boasberg lleva dos semanas intentando determinar si la administración Trump violó su orden judicial.
También sugirió que la administración podría estar en desacato y expresó su frustración por la negativa del Departamento de Justicia a responder a sus preguntas. Impuso una orden de restricción temporal que impide más deportaciones a El Salvador.
La administración Trump ha presentado un aviso invocando el privilegio de secretos de estado para no tener que responder las preguntas de Boasberg.
En respuesta, tres profesores universitarios presentaron un escrito amicus curiae oponiéndose a la notificación de secretos de Estado de la administración Trump. Un escrito amicus curiae es una opinión pericial que se suele presentar ante un tribunal en nombre de una de las partes en una disputa legal.
La solicitud fue presentada por Heidi Kitrosser, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, especializada en cuestiones legales relacionadas con el secreto gubernamental; Mark J. Rozell, decano de la Escuela Schar de Política y Gobierno de la Universidad George Mason, Virginia; y Mitchel A. Sollenberger, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Michigan-Dearborn.
Un ejemplo flagrante de extralimitación
En su presentación, Kitrosser, Rozell y Sollenberger dijeron que los tribunales tienen derecho a revisar las órdenes de deportación de la administración Trump y que una afirmación de “separación de poderes” es falsa.
“Quizás el ejemplo más flagrante de extralimitación en la notificación [de secretos de Estado] del Gobierno es la afirmación descarada, sin ningún respaldo, de que la cuestión ante la Corte tiene algo que ver con la separación de poderes”, escribieron.
También señalan que el Departamento de Justicia nunca ha afirmado que ninguno de los detalles de las deportaciones sea clasificado, pero la administración Trump sigue afirmando que es un secreto de estado.
‘Información totalmente no clasificada’
“El Gobierno nunca ha afirmado realmente que la información en cuestión sea clasificada”, afirma el documento.
Esta es una distinción crucial que separa la reclamación del Gobierno en este caso de todos los demás casos de privilegio de secretos de Estado: ni los Amici ni sus abogados abajo firmantes han encontrado un solo caso en el que el Gobierno haya intentado invocar el privilegio de secretos de Estado para retener información totalmente no clasificada.
En su notificación de secretos de estado a la corte el 24 de marzo, los abogados del Departamento de Justicia escribieron: “Nuevas intrusiones en el Poder Ejecutivo presentarían daños peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes con respecto a preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional que la Corte carece de competencia para abordar”
¿Qué se espera?
Boasberg debe decidir si acepta o rechaza la notificación de secretos de estado del gobierno. Si se niega, podría solicitar más información sobre los vuelos y posiblemente declarar en desacato a varios funcionarios de la administración Trump si no responden.
