El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el martes destituir al juez que ordenó suspender la expulsión de migrantes bajo una ley de guerra del siglo XVIII, un ataque al poder judicial que le valió una reprimenda inusual de la Corte Suprema.
«Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!», afirmó el republicano en su plataforma Truth Social.
Este «lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por (el expresidente demócrata) Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente», subrayó refiriéndose al magistrado federal de Washington James Boasberg.
«Solo hago lo que los votantes querían que hiciera» porque «la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la razón número uno» de la victoria electoral de noviembre, escribió usando mayúsculas, como acostumbra a hacer.
El magistrado ordenó el sábado suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798 activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua. Hasta ahora, solo se usó tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
El juez pidió concretamente que se parara una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes el gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambos declarados recientemente organizaciones «terroristas» globales por el Departamento de Estado.
La administración siguió adelante con las deportaciones. Alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.
Estos argumentos no convencieron al juez Boasberg, quien pidió al gobierno una respuesta este martes. Como no la obtuvo, alargó el plazo hasta el miércoles para que contesten a sus preguntas.
No es la primera vez que Donald Trump ataca al poder judicial por llevarle la contraria, pero ahora da un paso más pidiendo directamente la destitución de un juez, lo que le valió una llamada de atención del jefe de la Corte Suprema, John Roberts.
«Desde hace más de dos siglos ha quedado establecido que la destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial», afirmó Roberts en un comunicado.
Tras este inusual pronunciamiento, Trump volvió a la carga en un mensaje posterior.
A su vez, el congresista republicano de Texas Brandon Gill aseguró en X que la Cámara de Representantes empezará «muy pronto» el proceso para destituir a Boasberg.
Carl Tobias, profesor de Derecho de la universidad de Richmond, calificó la intervención de Roberts de «extremadamente inusual» pero recordó que ya hizo declaraciones similares después de que Trump criticara a los jueces federales durante su primer mandato de 2017 a 2021.
Entonces dijo que el tribunal federal «no tiene jueces de Obama, ni de Trump, ni de Bush, ni de Clinton», afirmó Tobias.
El proceso de destitución de un magistrado corre a cargo del Congreso y en un país muy polarizado políticamente es altamente improbable que vaya a prosperar.
«No queremos criminales»
El presidente estadounidense reprime con mano dura la migración ilegal y equipara a los migrantes con criminales, pese a que las cifras oficiales muestran que la delincuencia disminuye.
«No queremos criminales despiadados, violentos y dementes, muchos de ellos asesinos trastornados, en nuestro país», recalcó este martes.
En su batalla contra la migración irregular ha sumado apoyos, como el del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Washington le pagó «aproximadamente seis millones de dólares» para que detenga a los migrantes expulsados, confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una miseria según ella «en comparación con el costo de vida que supondría para el contribuyente estadounidense albergar a estos terroristas en prisiones de máxima seguridad» en Estados Unidos.
Bukele celebró en las redes sociales que los vuelos salieran de Estados Unidos. «Ups … Demasiado tarde», escribió el domingo junto a un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez.
Según él, llegaron al país 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, que fueron trasladados al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Venezuela protestó pero este martes Washington apretó más las clavijas.
«A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, Estados Unidos impondrá nuevas sanciones duras y crecientes», advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
