El Salvador alcanzó acuerdo para acceder a un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que le permitirá acceder a $1,400 millones en financiamiento, según informó el organismo este miércoles.
El acuerdo se produce tras varios años de negociación y, a cambio, El Salvador debe aprobar reformas en su ley de Bitcoin que implicaría eliminar la obligatoriedad de aceptar la criptomoneda como pago, convirtiéndola en una opción voluntaria.
“El personal técnico del FMI y las autoridades salvadoreñas han llegado a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre un nuevo acuerdo en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por unos 1.400 millones de dólares para apoyar la agenda de reformas del gobierno” dijo el ente multilateral.
Aclaró que “el acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”.
El programa tendrá una duración de 40 meses y le permitirá al Gobierno de El Salvador “atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del gobierno”.
Además, facilitará el financiamiento de $3,500 millones otorgados a través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como las instituciones regionales como el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reenvió el mensaje publicado por la cuenta del FMI a través de la red social X y destacó los párrafos que se refieren al apoyo financiero adicional que recibirá el país por parte de otros organismos y al hecho de que “la economía salvadoreña se ha expandido de manera sostenida”.
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— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 18, 2024
Compromisos y ajustes
El acuerdo con el FMI contempla un ajuste de 3.5 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) durante tres años para situar la deuda pública en una “firme senda descendente” tras alcanzar un máximo de 85 % como relación del PIB en 2024.
Para 2025 se incorpora un ajuste de 1.5 % del PIB en medidas ya incluidas en el presupuesto general de la nación, como la reducción de la masa salarial, el gasto en bienes y servicios, y las transferencias a los municipios. Estos movimientos fiscales se realizarán en el marco de un apoyo a los más vulnerables y en protección a la inversión pública prioritaria.
“Esfuerzos adicionales de reforma se centrarán en reforzar la eficiencia de la función pública, la viabilidad del sistema de pensiones y la movilización de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal y una mayor reducción de los costes de endeudamiento”, sostuvo el FMI.
Además, se buscará la transparencia fiscal mediante “esfuerzos tempranos para mejorar el marco de responsabilidad fiscal, al igual que la información que se publica sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales, y los contratos públicos con transparencia sobre los beneficiarios finales”.
