Los inmigrantes venezolanos expulsados desde EEUU hacia la megacárcel del CECOT, en El Salvador, deben tener la posibilidad de apelar sus acusaciones en un plazo de una semana, según un ordenó un juez federal este miércoles al gobierno del presidente Donald Trump.
El juez James Boasberg emitió un fallo de casi 70 páginas en el que señaló que las personas enviadas a la prisión de máxima seguridad en marzo no han podido impugnar formalmente las expulsiones ni las acusaciones de pertenencia a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
En ese sentido, ordenó a las autoridades norteamericanas que trabajen para facilitarles una vía para presentar dichas impugnaciones.
La decisión del funcionario judicial se originó en una demanda en nombre de un grupo de estos inmigrantes que estaban detenidos en un centro de Texas el 15 de marzo cuando el gobierno inició su expulsión, y que argumentan que se ha violado su derecho al debido proceso legal al expulsarlos usando una controvertida ley centenaria.
El juez James Boasberg sostiene que han surgido “pruebas significativas” que indican que muchos de los migrantes encarcelados en El Salvador no están vinculados con la pandilla “y por lo tanto languidecen en una prisión extranjera bajo acusaciones endebles, incluso frívolas”.
Dijo que quizás el Gobierno tenga razón en que los denunciantes son pandilleros, pero no se puede saber “porque nunca tuvieron la oportunidad de desafiar” la acusación de que son criminales, y alude a “pruebas” de que muchos no lo son.
En ese sentido, dio una semana al gobierno de Trump para encontrar la manera de que las al menos 137 personas puedan presentar esas declaraciones, incluso mientras se encuentran formalmente bajo custodia de El Salvador.
