Un juez de distrito de los Estados Unidos ordenó a la administración Trump que revele los detalles sobre las condiciones en las que decenas de inmigrantes venezolanos permanecen recluidos en la prisión de máxima seguridad de El Salvador.
El juez James E. Boasberg afirmó que la información es esencial para evaluar si los aproximadamente 200 hombres —deportados en marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley del siglo XVIII poco utilizada— permanecen bajo custodia efectiva de Estados Unidos.
La cuestión jurídica depende del grado de control que el gobierno estadounidense aún ejerce sobre los detenidos.
Este aplicador de justicia ha estado en el centro de los esfuerzos de la administración Trump para intensificar las deportaciones de migrantes. El juez de Washington, D.C., acaparó titulares en marzo cuando intentó impedir que la Casa Blanca utilizara la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador.
La orden del miércoles acerca al tribunal a determinar si los hombres deben ser devueltos a Estados Unidos.
Boasberg fue designado juez asociado en el Tribunal Superior del Distrito de Columbia en 2002 por el presidente George W. Bush y posteriormente fue ascendido a su puesto actual por el presidente Barack Obama .
El juez solicitó el miércoles una investigación “acelerada” para poder determinar si el caso debe seguir adelante.
También pidió a los funcionarios de la administración que entregaran declaraciones bajo juramento sobre el acuerdo de Estados Unidos con El Salvador para que el tribunal pueda determinar si Estados Unidos tiene la custodia de los migrantes que envió a El Salvador.
El juez se ha mantenido en un impasse legal con la administración Trump por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el presidente Donald Trump para justificar deportaciones masivas, enviando a muchas personas a una megaprisión en El Salvador. La disputa ha suscitado interrogantes sobre la autoridad presidencial y hasta qué punto las sentencias judiciales pueden limitarla.
La administración Trump argumentó recientemente que no puede cumplir con las órdenes judiciales que exigen cualquier movimiento de personas hacia o desde El Salvador, ya que viola la soberanía del país, incluido el caso de Kilmar Abrego García, un salvadoreño deportado por error de Maryland.
Boasberg dictaminó que halló causa probable para declarar a la administración Trump en desacato penal por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En su fallo del 15 de marzo de 2025, ordenó a la administración detener las deportaciones y repatriar a quienes se encontraban en vuelos que salían del país. Sin embargo, funcionarios de la administración afirmaron que los aviones habían aterrizado antes de que su fallo entrara en vigor.
