El gobierno de los Estados Unidos sostuvo que el salvadoreño deportado “por un error administrativo” a una cárcel de El Salvador era un pandillero de la Mara Salvatrucha, mientras que diputados salvadoreños dijeron que “debe tener derecho a un debido proceso”.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió el hecho de que el salvadoreño Kilmer Armado Abrego-García, deportado “por un error administrativo”, era un pandillero de la Mara Salvatrucha y restó crédito a la publicación de los medios que revelaron el caso.
“Este individuo era un líder del anillo de MS-13. Esta persona estaba involucrada en la trata de personas. Y me alegro de que hayas vuelto a mencionar este punto, porque si vieras el titular de la loca y fallida revista Atlantic esta mañana, pensarías que este individuo era el padre del año, viviendo en Maryland, viviendo una vida pacífica cuando eso no podría estar más lejos de la verdad”, dijo la funcionaria del gobierno de Trump.
“Ni siquiera mencionaron en el título de ese artículo, o incluso en el primer párrafo, que este individuo es un criminal ilegal que rompió las leyes de inmigración de nuestra nación. Es un líder de la brutal pandilla MS-13, y está involucrado en la trata de personas. Y ahora MS-13 es una organización terrorista extranjera designada”, respondió Leavitt al ser interrogada por las pruebas de que el hombre era un pandillero.
“En lugar de indignarse por el arresto y la deportación de estos terroristas inmigrantes ilegales por parte del presidente Trump, los medios de comunicación y el Partido Demócrata deberían preocuparse por los ciudadanos estadounidenses inocentes que han sido violados, asesinados y mutilados por ellos”, enfatizó la portavoz.
Un funcionario estadounidense del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) admitió en una declaración jurada un “error administrativo” que resultó en la deportación de este hombre de Maryland hacía la mega prisión en El Salvador.
“Ábrego García no figuraba en el manifiesto inicial del vuelo del Título 8 para ser deportado a El Salvador”, declaró Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE, en referencia a la ley federal de inmigración.
“Más bien, era un suplente. Dado que otros fueron deportados del vuelo por diversas razones, él ascendió en la lista y fue asignado al vuelo. El manifiesto no indicaba que Ábrego García no debía ser deportado”, agregó en una declaración judicial.
El ciudadano salvadoreño, quien tiene una esposa ciudadana de Estados Unidos y un niño de 5 años, fue detenido por oficiales de ICE y enviado a la prisión CECOT en El Salvador, según documentos legales.
Sus abogados dijeron que no estaba afiliado a ninguna pandilla y que el gobierno no había presentado pruebas para demostrar lo contrario.
“Derecho a un debido proceso”
Sobre el caso, una diputada salvadoreña de oposición se pronunció sobre el caso y dijo que el hombre deportado “debe tener derecho a un debido proceso”.
La diputada Marcela Villatoro, del opositor partido ARENA, dijo que “definitivamente es obligatorio que se le siga el debido proceso que se debería hacer constitucionalmente y lógicamente que, si es un migrante que no ha cometido delito, que salga libre”.
Cuestionó la negociación de los presuntos beneficios que deberían tener los salvadoreños con estatus irregular en Estados Unidos “y no traer criminales extranjeros en el país”.
“Este es un tema delicado. Nosotros quisiéramos saber cuál es el acuerdo y que, de hecho, tuvo que haber pasado por esta Asamblea Legislativa para conocer la realidad de lo que está pasando. Esta situación es lamentable y ojalá se hubiera tenido una mejor negociación con los Estados Unidos para que hubiéramos logrado un mejor acuerdo para los salvadoreños en Estados Unidos, para su situación migratoria”, sentenció la diputada opositora al gobierno de Nayib Bukele.
Sobre la persona deportada y pese a reconocer el error, el Departamento de Justicia estadounidense se opone a revertir su situación.
En un documento judicial, el asistente del fiscal general, Yaakov M. Roth, sostuvo que la corte norteamericana carece de competencia para ordenar acciones de política exterior y que no hay evidencia de que Ábrego corra un riesgo inminente de ser torturado o asesinado en el Cecot.
