La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings dijo este miércoles que el acuerdo fiscal entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador alivia las restricciones financieras y apoyará la consolidación fiscal de este país centroamericano, reduciendo sus necesidades de financiamiento.
A través de un comunicado fechado en Nueva York y Londres de este 5 de marzo, Fitch aseguró que la aprobación del acuerdo con el FMI aumentará los “colchones de liquidez” para el sistema bancario salvadoreño.
Fitch señala que la mayoría evidente en la Asamblea Legislativa debería garantizar que las decisiones acordadas con el Fondo se cumplan por parte del gobierno salvadoreño.
La agencia visualiza también un progreso en la sostenibilidad fiscal, con la mejora del saldo primario del sector público no financiero (SPNF) en alrededor de 3,5 puntos porcentuales del PIB en tres años.
“El presupuesto de 2025 ya establece las medidas destinadas a lograr el ajuste inicial de 1.5 puntos porcentuales y Fitch pronostica una mejora mayor de 1.8 puntos porcentuales este año, lo que conducirá a un superávit primario en 2025 del 1.2 % del PIB”, anticipa Fitch.
La posibilidad de un acuerdo con el Fondo empujó la agencia a incrementar la calificación de riesgo de El Salvador de ‘CCC+’ a ‘B-’ en enero pasado, y a establecer una perspectiva estable, por considerar que el gobierno tenía menores necesidades de financiamiento.
Los desafíos
La calificadora de riesgos advierte que, en 2026, el programa apunta a reformas de ingresos para ampliar la base impositiva y eso se convierte en parte de “los desafíos” para implementar el ajuste del gasto.
Recuerda, además, que la carga de intereses es alta a pesar del período de gracia de cuatro años para la deuda relacionada con las pensiones otorgado al gobierno.
El directorio ejecutivo del FMI aprobó un Servicio Ampliado del Fondo (SAF) de $1,400 millones, el pasado 26 de febrero, con el que se prevé que el gobierno salvadoreño aborde los desequilibrios macroeconómicos y fortalezca, al mismo tiempo, la transparencia y gobernanza.
Dentro de las estimaciones relacionadas al acuerdo, el Ministerio de Hacienda prevé que la deuda del sector público no financiero (SPNF), incluyendo las obligaciones del sistema de pensiones, se reduzca a un 86.4 %.
El acuerdo también obliga al gobierno a efectuar una nueva reforma de pensiones en 2026, al mismo tiempo en el que ejecutará una reducción de la masa salarial del sector público que iniciará en 2025.
La agencia de calificación crediticia recuerda que el acuerdo con el FMI tiene como objetivo mejorar la transparencia, regulación y supervisión de los activos digitales.
