El Salvador cumple este mes marzo tres años bajo un régimen legal que restringe los derechos ciudadanos y que impulsa los planes gubernamentales de seguridad para el combate de las pandillas.
El régimen de excepción llega a su tercer año a fines de marzo, tras la más reciente prórroga (la numero 36) aprobada este martes por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.
Le medida ha permitido al país alcanzar “los mejores niveles de seguridad pública” en décadas, puesto que, según las autoridades, cerca de 87.000 personas vinculadas a hechos delictivos han sido capturadas, 4.565 armas de fuego han sido incautadas, así como 1.451 vehículos y 21.630 teléfonos celulares.
El régimen implica la suspensión de tres derechos constitucionales en el país por 30 días más, del 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2025.
Con esta aprobación, continúan suspendidos tres derechos constitucionales regulados en los incisos segundos de los artículos 12 y 13 y el artículo 24 de la Constitución de la República relacionados a las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.
El gobierno mantiene el argumento de que es necesario seguir prorrogando el régimen de excepción por 30 días más a partir de este 7 de marzo.
Asegura que “El Salvador alcanza mejores niveles de seguridad pública con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción”, medida aprobada en 2022 como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día de marzo de ese año que dejó 62 homicidios.
La nueva prórroga fue solicitada por el Ejecutivo, tras asegurar que ha detectado la participación de mujeres en posiciones de mando dentro de las organizaciones delictivas y el reclutamiento de menores en centros escolares por parte de las pandillas.
“Se ha logrado determinar que a estos grupos criminales, en su intento por sobrevivir, han adoptado nuevas estrategias, entre ellas, el reclutamiento de niños, niñas o adolescentes, especialmente en instituciones educativas intentando que resurjan las pandillas; también se ha detectado que están evitando el uso de vestimenta distintiva de estos grupos y tatuajes que los identifiquen”, argumentó el gobierno en su petición ante los diputados.
Según cifras oficiales, en 2019, año en el que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio, el país centroamericano registró una tasa de 38,2 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2024 ese registro fue de 1,9 muertes por cada 100.000 habitantes.
De hecho, Bukele dijo el 1 de marzo en la red social X que, de mantenerse las cifras oficiales de enero (4 homicidios) y febrero (3 homicidios), 2025 podría cerrarse con un promedio de menos de un homicidio por cada 100.000 habitantes.
El régimen de excepción ya ha sido prorrogado en 36 ocasiones de manera consecutiva, con una vigencia de 30 días cada una.
Una medida cuestionada
Diferentes entidades locales e internacionales han cuestionado la medida gubernamental por considerar que, a través de su aplicación, se cometen violaciones a los Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió en diversas ocasiones al Gobierno del presidente Nayib Bukele la derogación del régimen de excepción y brindar una “reparación integral” a las víctimas de presuntos atropellos cometidos durante su vigencia.
La CIDH publicó en septiembre su informe “El Salvador, estado de excepción y derechos humanos”, en el que pide restablecer los derechos y garantías suspendidos desde marzo de 2022, así como retirar gradualmente las fuerzas militares de tareas de seguridad ciudadana.
El presidente Nayib Bukele se refirió al Régimen de Excepción durante una entrevista publicada a finales de agosto por la revista Time y dijo que “esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno”.
Agregó que la medida es sostenible y que el país “todavía no está listo” para vivir sin régimen.
