El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delegó a un enviado a Venezuela el viernes para advertir al líder izquierdista Nicolás Maduro que acepte el regreso incondicional de los venezolanos deportados o enfrente consecuencias.
Richard Grenell, un aliado franco de Trump que cumple un papel amplio como enviado para misiones especiales, viajó a Caracas para hablar con Maduro mientras la nueva administración de Washington promete impulsar una línea dura.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Grenell exigiría que Caracas permita vuelos de repatriación para los miembros del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que Trump ha designado como grupo terrorista.
“El presidente Trump espera que Nicolás Maduro recupere a todos los criminales y pandilleros venezolanos que han sido exportados a Estados Unidos, y que lo haga de manera inequívoca y sin condiciones”, dijo por separado Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Estados Unidos para América Latina.
Claver-Carone dijo que Grenell también estaba exigiendo que “los rehenes estadounidenses deben ser liberados, de inmediato y de manera inequívoca”.
“Lo único que haré en este llamado es instar al gobierno de Maduro -el régimen de Maduro- en Venezuela a que preste atención al enviado especial Ric Grenell y a sus demandas y a lo que él ponga sobre la mesa, porque en última instancia, de lo contrario habrá consecuencias”, dijo Claver-Carone a los periodistas.
Fue una de las primeras reuniones conocidas de la segunda administración de Trump con un gobierno que considera hostil.
Maduro juró su tercer mandato presidencial el 10 de enero, pese a que se le acusa de haber robado las elecciones del pasado mes de julio. La oposición y gran parte de la comunidad internacional consideran que su rival Edmundo González Urrutia es el legítimo ganador.
Claver-Carone dijo que las conversaciones no implicaron ninguna suavización de la posición sobre Maduro, cuyo mandato anterior Washington también había considerado ilegítimo.
La administración de Joe Biden había acordado relajar las sanciones al petróleo como parte de un acuerdo para los prisioneros estadounidenses y elecciones libres.
Venezuela liberó a 10 estadounidenses en un intercambio, pero Biden volvió a imponer sanciones después de que Maduro no cumpliera con las reformas democráticas.
Maduro anunció recientemente la captura de siete “mercenarios” y dijo que dos eran ciudadanos estadounidenses, incluido un “alto funcionario del FBI”.
La ONG de derechos humanos Foro Penal asegura que ocho estadounidenses están presos en Venezuela, además de dos personas de nacionalidad desconocida que residían en Estados Unidos.
“Esto no es un quid pro quo, no es una negociación a cambio de nada. El propio presidente Trump ha dejado muy claro que no necesitamos el petróleo venezolano”, dijo Claver-Carone.
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo, pero la producción está estancada y el PIB ha caído un 80 por ciento en una década bajo el gobierno de Maduro, lo que ha provocado que más de siete millones de los 30 millones de ciudadanos del país huyan.
Trump ha hecho de la deportación de personas indocumentadas en Estados Unidos una de sus principales prioridades. Durante su campaña, describió a los inmigrantes como “envenenadores de la sangre” de Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca, ha presionado a los países para que acepten deportados, una máxima prioridad para el Secretario de Estado Marco Rubio mientras inicia una gira por cinco naciones de América Latina el sábado.
En su primera semana de regreso al cargo, Trump prometió imponer aranceles severos a Colombia, un antiguo aliado de Estados Unidos, después de que su presidente pidió un trato más humano a los ciudadanos repatriados.
La administración Trump puso fin rápidamente a las protecciones contra la deportación para más de 600.000 venezolanos que viven en Estados Unidos bajo un estatus especial.
La administración Biden les había permitido quedarse debido a temores por su seguridad si regresaban a Venezuela.
La oposición venezolana condenó el levantamiento de las protecciones, diciendo que la gran mayoría de los venezolanos en Estados Unidos eran “honestos y trabajadores” y fueron obligados a huir por Maduro.
Trump también firmó una ley que facilita la detención de inmigrantes que cometen delitos, bautizándola en honor a Laken Riley, una estudiante de enfermería de 22 años asesinada por un migrante venezolano indocumentado que había sido arrestado pero liberado dos veces.
