La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves la trigésima tercera prórroga del régimen de excepción, mientras la medida ha captado la atención del Congreso y de influyentes grupos en Washington que señalan violaciones de los Derechos Humanos.
Los diputados salvadoreños, de mayoría oficialista, prorrogaron el régimen de excepción por 30 días más, con el voto de 57 de los 60 diputados. Es la trigésima tercera vez que se prorroga la medida impuesta desde el 27 de marzo de 2022.
La medida mantiene suspendidos los derechos constitucionales de la población relacionados con las garantías de defensa, período máximo de detención y privacidad de las telecomunicaciones.
La solicitud de prórroga presentada por el gobierno revela que desde su entrada se ha capturado a 83,600 personas acusadas de pertenecer a pandillas.
Fuentes del gobierno afirman que durante la gestión del presidente Nayib Bukele se han alcanzado 771 días sin asesinatos, de estos, 658 han sido registrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 4 de diciembre de 2024, durante la ejecución del régimen de excepción.
Comisión del Congreso de EEUU examinará la situación
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos anunció una audiencia para examinar las implicaciones en los derechos humanos del régimen de excepción en El Salvador.
El análisis está programado para el próximo 10 de diciembre, y será discutido por congresistas republicanos y demócratas.
De acuerdo con un comunicado publicado en el sitio web oficial de la Comisión, más de 83,000 personas, incluyendo miles de menores de edad, han sido detenidas bajo este régimen, lo que equivale a más del 1% de la población salvadoreña.
Destaca que al menos 261 detenidos han muerto bajo custodia. Según el comunicado, organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias masivas, tortura, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso, como la negación de acceso a abogados y juicios masivos.
La Comisión informó que el copresidente Jim McGovern visitó El Salvador del 15 al 18 de noviembre.
WOLA pide sanciones e intervención de la OEA
La influyente Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) recomendó este miércoles al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que determine si se violó o no la Carta Democrática en El Salvador, país donde considera que “el estado de derecho se ha roto”.
“El Consejo Permanente de la OEA debería hacer una revisión de la situación política de El Salvador y determinar si ha habido una violación a la Carta Democrática”, señaló WOLA en una nota en la que analiza la situación del país.
Indicó que “El Salvador enfrenta una alta concentración del poder, falta de independencia judicial y un deterioro de las instituciones democráticas”.
En el marco de la visita del congresista McGovern al país a mediados de noviembre, la WOLA hizo una recopilación de información sobre la situación de derechos humanos.
“El Salvador enfrenta una alta concentración del poder, falta de independencia judicial y un deterioro de las instituciones democráticas, así, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos recobra importancia debido a los fuertes vínculos de Bukele con el partido republicano y a círculos cercanos del presidente electo”, dice la organización.
También, pidió a Estados Unidos más sanciones individuales contra funcionarios salvadoreños a través de la Ley Magnitsky, debido a las supuestas “persistencia de violaciones a derechos humanos”.
“Debido a la evidencia creíble de graves violaciones a los derechos humanos y altos grados de corrupción, el gobierno de Estados Unidos debe seguir considerando sanciones individuales bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act a oficiales del sistema de justicia”, dijo la organización en el comunicado web difundido ayer, 4 de diciembre.
WOLA sopesa que “solo” se ha castigado a seis funcionarios salvadoreños hasta la fecha con dicha herramienta legal, que al aplicarse cancela la visa estadounidense y congela todos los activos del sancionado en Estados Unidos.
La agrupación norteamericana no es ajena a que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos “recobra importancia debido a los fuertes vínculos de (Nayib) Bukele con el Partido Republicano y a círculos cercanos del presidente electo”.
El domingo, Bukele anunció que pronto podría “relajar” las medidas de seguridad, que incluyen patrullaje militar en las calles y arrestos sin orden judicial.
En ese sentido, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que las autoridades “analizan” la forma de relajar el régimen de excepción de modo que queden “únicamente” las herramientas que las instituciones necesitan para proseguir su lucha.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, confirmó que ya fueron procesados más de 80.000 sospechosos, de los cuales 74.000 tienen “detención provisional” y más de 8.000 tienen “medidas cautelares” que les permiten encarar los procesos en libertad.
