Cientos de migrantes de Centroamérica, entre ellos salvadoreños, viajan en caravana para tratar de llegar a Estados Unidos antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo y lance su ofensiva de seguridad fronteriza y deportaciones masivas en enero.
Una caravana de 1.500 personas partió de Chiapas, en el sur de México, el 21 de noviembre; muchas de ellas a través de la aplicación CBP One, que ha permitido a los migrantes solicitar asilo de forma remota mientras cruzan México.
Temen que Trump cierre la aplicación, como ha prometido, y lance la mayor deportación masiva en la historia de Estados Unidos para abordar la migración ilegal poco después de su toma de posesión el 20 de enero. El presidente electo también ha prometido abordar a los cárteles por su papel en el contrabando de migrantes y drogas a Estados Unidos.
Newsweek se ha puesto en contacto con el equipo de transición de Trump para solicitar comentarios por correo electrónico.
Los migrantes viajan en grupos grandes , confiando en la fuerza del número para protegerlos tanto de los cárteles como de la policía durante su viaje de 1.600 kilómetros hasta la frontera de Texas con México.
Guatemaltecos, hondureños y salvadoreños
Bryan Velazquez, ciudadano guatemalteco, dijo a BBC News que la gente que viaja tiene miedo de las nuevas políticas migratorias de Trump.
“Tenemos mucho miedo porque supuestamente van a empezar a cerrar el CBP One. Pedimos al gobierno de Estados Unidos que nos ayude”, indicó.
Los migrantes que deseen ingresar legalmente a Estados Unidos deben acceder a la aplicación CBP One para solicitar una cita en un puerto de entrada al país. Es la única forma, salvo algunas raras excepciones, de solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
Anin Rodríguez, ciudadano hondureño, dijo a BBC News: “Tenemos miedo de no poder pasar debido a Trump”.
Jaime Abelar, ciudadano de El Salvador, dijo a la emisora británica: “Creo que estamos de acuerdo en fijar un plazo antes de que él (Trump) asuma el cargo nuevamente y ver qué pasa. Puede haber deportaciones, pero si Dios quiere, no nos va a pasar a nosotros”.
Las caravanas de migrantes están llenas de personas, a menudo de Centroamérica, que viajan juntas en busca de mejores condiciones de vida u oportunidades para una vida mejor. Se espera que el viaje dure 16 días, según The Associated Press, si logran evitar ser blanco de delincuentes o traficantes de personas.
Rafael Velásquez, director de país para México del Comité Internacional de Rescate, dijo a Newsweek : “Es esencial resaltar que la principal razón por la que los migrantes eligen viajar en grandes grupos es su seguridad”.
Las caravanas suelen dispersarse a lo largo de la ruta. Sin embargo, esta nueva ola de migrantes está más decidida que nunca a llegar a la frontera estadounidense antes de que la nueva administración estadounidense tome el poder.
Los grupos humanitarios sostienen que la aplicación CBP One viola los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados. Un informe de Amnistía Internacional afirma que la aplicación ha propiciado secuestros y extorsiones por parte de cárteles de la droga y organizaciones criminales.
De los 365 solicitantes de asilo entrevistados por Amnistía, uno de cada diez afirmó haber sido secuestrado. El informe señala que muchos creían que habían sido secuestrados porque tenían citas en CBP One y que los cárteles aprovechaban el miedo a no poder acudir a esas citas para exigir el pago de rescates.
Según una encuesta de CNN , el apoyo a las deportaciones aumentó 20 puntos entre 2017 y 2024.
Sin embargo, una encuesta reciente realizada por la organización de encuestas progresista Data for Progress revela que la mayoría de los estadounidenses se oponen a la idea de deportar a todos los inmigrantes indocumentados.
Se encuestó a los participantes sobre nueve escenarios potenciales para evaluar el apoyo público al plan estrella de “deportación masiva” de Trump.
Sólo dos escenarios contaban con el apoyo de más de la mitad de los encuestados: “Deportar a una persona que cruzó recientemente la frontera sin estatus legal” contaba con el respaldo del 70 por ciento de los encuestados; “Deportar a una persona que cruzó la frontera sin estatus legal y tiene antecedentes penales por un delito no violento” contaba con el apoyo del 67 por ciento.
