El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó este martes una ley para controlar el trabajo de organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas, además de otras reformas legales que refuerzan el control migratorio.
La iniciativa para controlar la cooperacón fue entregada al Congreso, dominado por el oficialismo, como parte de una serie de leyes que acompañan una reforma constitucional, aprobada el pasado viernes, que da a Ortega y a su esposa Rosario Murillo un poder absoluto del Estado nicaragüense.
La cooperación internacional “deberá contar con la anuencia y autorización del gobierno, tanto inicialmente, como en su implementación”, indica la propuesta de ley.
También determina que el trabajo de estos organismos “se realizará sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales”, respetando “la soberanía nacional, independencia y autodeterminación”.
La normativa prohíbe expresamente cualquier tipo de “injerencia en los asunto internos” de Nicaragua.
La cooperación internacional “deberá estar conforme a las prioridades nacionales y alineadas a los planes, programas y estrategias nacionales establecidas por el gobierno”, destaca el documento.
Con esta reforma, Ortega afianza aún más su control sobre entidades internacionales tras reformar las leyes de “Agentes Extranjeros” y de “Control de Organismos Sin Fines de Lucro” en los que establece que las ONG deben trabajar únicamente en “alianzas de asociación” con entidades estatales.
Refuerzo del control migratorio
El gobierno de Nicaragua presentó también una reforma a la ley de migración que incluye medidas como el retiro de la nacionalidad, un incremento en los controles de entrada y salida del país, y la imposición de penas de prisión para quienes crucen las fronteras ilegalmente con el objetivo de desestabilizar al país.
La propuesta de ley, que se espera sea aprobada en breve por el Parlamento, completamente controlado por el oficialismo, establece que se podrá retirar la nacionalidad a aquellos que incurran en causales estipuladas en la Constitución.
Una reciente reforma constitucional, aprobada el viernes, estableció que los “traidores a la patria” perderán la nacionalidad nicaragüense. Aunque la ley anterior no contemplaba esta disposición, desde febrero de 2023, el gobierno ha despojado de su nacionalidad a unos 450 opositores políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos, quienes fueron posteriormente expulsados del país.
La nueva propuesta impone penas de entre dos y seis años de prisión para quienes ingresen o salgan ilegalmente de Nicaragua con el propósito de “menoscabar” la soberanía, “alterar el orden constitucional” o “conspirar e inducir a actos terroristas o de desestabilización económica y social”.
La reforma también establece que aquellas personas que hayan cruzado el país por lugares no habilitados para migración podrán ser expulsadas si intentan reingresar a Nicaragua.
Sectores de la oposición dijeron que la medida solo busca agudizar “la persecución oficialista contra el pueblo”.
