La Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados querellantes pidieron este jueves el arresto domiciliario para cinco exmilitares acusados de participar en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, ocurrida en noviembre de 1989.
Un juzgado de El Salvador abrió este miércoles una audiencia preliminar por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989, caso por el que hay 11 imputados, entre ellos nueve militares y el expresidente Alfredo Cristiani, quien está prófugo.
Por ahora los cinco militares que se han hecho presentes están con medidas sustitutivas. Otros seis acusados están ausentes y sus defensores están en fase de alegatos.
El arresto ha sido solicitado en contra Rafael Humberto Larios López (ex Ministro de Defensa), Carlos Camilo Hernández Barahona (exdecano asistente Interino del Colegio Militar en El Salvador); Nelson Iván López y López (exjefe del Centro de Operaciones Tácticas del Estado Mayor) y Óscar Alberto León Linares (ex Comandante del Batallón Atlacatl).
También está incluidos en la petición Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía (ex Jefe de la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos), que forma parte del grupo de acusados que están presentes desde que se instaló la audiencia preliminar.
La Fiscalía también pidió que el juez ordene la detención de Juan Orlando Zepeda Herrera, (ex viceministro de Defensa), Joaquín Arnoldo Cerna Flores (ex Jefe del C-3 del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada) y Juan Rafael Bustillo Toledo (ex comandante de las Fuerzas Aéreas Salvadoreñas), que no se han presentado a la audiencia.
Además, también están pidiendo la detención del expresidente Alfredo Cristiani y del ex diputado Rodolfo Parker, que no están en el país.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador durante la guerra civil (1980-1992), militares del batallón Atlacatl irrumpieron en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los sacerdotes y a dos mujeres que vivían en su misma residencia.
“Se ha instalado la audiencia preliminar del caso de los sacerdotes jesuitas en donde se expondrá parte de las pruebas del caso”, indicó a periodistas un fiscal, quien solicitó el anonimato.
Con estas audiencias, que se prolongarán hasta la próxima semana, el tribunal debe resolver si los 11 imputados van o no a juicio.
La fiscalía señaló que a los inculpados “se les imputan” los delitos de proposición y conspiración para actos de terrorismo, actos de terrorismo, asesinato, fraude procesal y encubrimiento personal.
Además, la fiscalía ha dicho que espera que el caso avance a “etapa de vista pública” (juicio).
Las víctimas son los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. También su colaboradora Elba Ramos y su hija Celina.
En 1991, un tribunal salvadoreño condenó a 30 años de prisión al coronel Guillermo Benavides, acusado de ser el oficial que comandaba el grupo que mató a los sacerdotes.
La guerra civil salvadoreña dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, según informes oficiales.
