La nueva Ley de Energía Nuclear de El Salvador ya cuenta con un dictamen favorable por parte de la Asamblea Legislativa, cuyos diputados deberán aprobarla oficialmente para impulsar la energía atómica como parte de la matriz energética de este país.
La legislación aplicará a todas las actividades, instalaciones y prácticas relacionadas con los usos pacíficos del ciclo de vida del combustible para la generación de energía nuclear, realizadas en el territorio salvadoreño.
Como primer paso, antes de llegar al proceso de generación, el director General de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, habla de contar con un primer reactor para investigación.
“No solamente es el hacer plantas de generación eléctrica, también necesitamos plantas de investigación y desarrollo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que mantener a nuestro personal capacitado”, dijo Álvarez.
Sin proporcionar costos de la inversión, anunció que el gobierno se ha puesto como meta capacitar a 400 personas y tener el primer reactor de investigación en 2030.
A su juicio, siete años es un plazo suficiente para poder capacitar y contar con un reactor de investigación.
“Puede ser que lo podamos hacer en paralelo, puede ser que no, por eso es el plazo de siete años”, aclaró.
Las autoridades consideran que la incursión del país en energía alternativa es necesaria, puesto que el tamaño del territorio no permite abrir más pozos geotérmicos ni la instalación de campos de energía solar o eólica.
Entre las alternativas preliminares también figura la posibilidad de contar con “pequeños reactores modulares”: “Estamos viendo números, los primeros reactores modulares es tecnología que solo tres países desarrollan: Argentina, Estados Unidos y China”, dijo el director de energía.
El Salvador está adscrito al Organismo Internacional de Energía Atómica, a convenios internacionales y trabajan con países con experiencia en el tema de seguridad nuclear.
En la tercera semana de marzo, funcionarios del gobierno entregaron al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), Rafael Mariano Grossi, los instrumentos legales que permitirán al país implementar el uso seguro de la energía nuclear.
