Unas 200 defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas en México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras entre 2012 y 2023, según un informe divulgado este lunes por una red de activistas.
Dirigentes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos presentaron en Tegucigalpa el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ años de agresiones” entre 2012-2023, que atribuye estos crímenes a una “herencia colonial” de “opresiones estructurales”.
“En más de una década 200 defensoras (…) han sido asesinadas, pero hubo 228 intentos de asesinatos más”, expresó la activista mexicana Lidya Alpízar en la presentación del informe de 119 páginas.
Elaborado con datos de cada uno de los cinco países desde 2012, cuando se conformó la red, el informe registra 35.077 agresiones contra 8.926 defensoras y 953 organizaciones.
Son las policías y elementos de ejércitos de países en la Región de Mesoamérica quienes amenazan la vida y la actividad de defensoras de derechos humanos.
Las violencias incluyen la tortura sexual.
México incluido. https://t.co/wg6h7wy7kl— Trini Rodríguez (@TriniRodriguezL) October 14, 2024
El reporte cita el caso de la reconocida ambientalista indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016. Según la red, su crimen condujo a “un repunte sustancial de agresiones contra las defensoras garífunas, lencas y campesinas que se oponen a los megaproyectos y defienden su territorio”.
El 45% de las agresiones fueron perpetradas por “actores vinculados al Estado”, como policías, militares y autoridades municipales o regionales.
Otro 5,3% fueron perpetradas por personas ligadas a empresas extractivistas o mineras y consistieron en “hostigamiento, campañas de desprestigio, amenazas y violencia psicológica y verbal” y en algunos casos la “criminalización”.
Cruz explicó que la “articulación” de la red ha permitido proteger a unas 8.000 mujeres que han recibido amenazadas en los cinco países durante ese periodo.
La protección en muchos casos ha sido a través de “desplazamiento forzado” o “el asilo político”, agregó.
