Tres organizaciones salvadoreñas se unieron para pedir a la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva decenas de casos de capturas arbitrarias registradas bajo el Régimen de Excepción que impera en el país desde 2022.
Representantes de las organizaciones Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) y del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, acudieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), electa a finales de septiembre, para entregar un escrito denunciando múltiples irregularidades en los procesos judiciales.
“El mismo Estado ha aceptado que hay un margen de error que tienen a personas capturadas de manera inocente y precisamente son aquellas a las que nosotros, las organizaciones Unidech, Bloque de Resistencia y Movir representamos a esa gente que muchos agentes policiales han detenido de manera arbitraria sin ningún tipo de antecedentes penales”, declaró el abogado de Unidech, Rudy Joya.
Una de las denuncias más llamativas es que, según ellos, al obtener una carta de libertad, no se acatan las órdenes judiciales de liberación, lo que constituye una privación ilegal.
Samuel Ramírez, de MOVIR, dijo a la prensa que el movimiento de víctimas cuenta con información de jueces y abogados que indican que, hasta la fecha, hay aproximadamente 20 mil cartas de libertad que no han sido acatadas por los centros penales.
La nueva @CorteSupremaSV tiene la oportunidad de hacer la diferencia, reinvindicar al sustema juducial y enrrumbarlo a su mandato constitucional https://t.co/IkYYVcV3tv
— Movimiento de Víctimas del Régimen, El Salvador (@MOVIRSV) October 7, 2024
Además, denuncia que los tribunales contra el crimen organizado de San Salvador, Santa Ana y San Miguel no aceptan las peticiones que hacen los abogados en favor de los detenidos al solicitar audiencias especiales para entregar arraigos que comprueben que los privados de libertad no forman parte de grupos delictivos.
El estado de salud de las personas detenidas es otra preocupación planteada a la Corte Suprema en los escritos presentados, ya que, afirman, no pueden ser tratadas médicamente por no contar con la autorización de Centros Penales para el ingreso de médicos.
“Esperamos que la Corte (Suprema de Justicia) en pleno no solo reciba estos escritos, sino que le dé apertura a todas esa gente que está esperando juicios justos, debidos procesos, que les revisen su situación de salud, que los liberen porque tienen carta de libertad y que los juzgados omiten realizar”, solicitó Joya.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022 luego de que se registrarán más de 80 personas asesinadas entre los días 25 y 27 de ese mes. A 31 meses de prórroga, se reportan más de 82,000 capturas.
A pesar de los cuestionamientos internacionales y de organizaciones locales, el 84 % de los salvadoreños encuestados por la firma Cid Gallup estarían a favor de la continuidad del régimen de excepción.
Luis Haug, gerente general de Cid Gallup aseguró sobre el régimen de excepción le preguntan a la gente “¿qué pasaría si el mismo se quita?” y señaló que la población responde “volverían las extorsiones, volverían los asaltos y sobre todo perderíamos la tranquilidad”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió el 4 de septiembre al Gobierno de El Salvador la derogación del régimen de excepción y brindar una “reparación integral” a las víctimas de presuntos atropellos cometidos durante su vigencia.
El presidente Nayib Bukele se refirió al Régimen de Excepción durante una entrevista publicada a finales de agosto por la revista Time y dijo que “esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el terreno”.
Agregó que la medida es sostenible y que el país “todavía no está listo” para vivir sin régimen.
