(Por Agencia AFP) Yessica Mercedes no puede con su pena: una pandilla mató a su hermano en 2019 y ahora el otro hermano en prisión tras ser detenido en el marco de la “guerra” antipandillas del presidente Nayib Bukele en El Salvador.
En su pequeña casa de ladrillos, esta humilde costurera relata los esfuerzos que ha hecho para conseguir la liberación de su hermano Leonel, de 41 años, preso desde hace siete meses en virtud del régimen de excepción lanzado por el presidente salvadoreño.
“No defiendo ni estoy en contra del gobierno, lo que quiero es que me entreguen a mi hermano, que es inocente”, dice a la AFP la mujer de 43 años.
Hace cinco años perdió a su hermano Carlos Alfonso, de 44 años, por una golpiza propinada por pandilleros. Ahora teme que Leonel, quien padece de epilepsia, muera en prisión.
“Yo no quiero sacarlo de un penal en una caja”, afirma Yessica en su hogar en San José Las Flores, en el distrito de Tonacatepeque, 25 km al norte de San Salvador.
Leonel Mercedes es uno de los 82,000 salvadoreños detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 que permite a policías y militares hacer arrestos sin orden judicial.
La “guerra” contra las pandillas ha permitido reducir drásticamente los homicidios en El Salvador, pero los grupos de derechos humanos denuncian abusos en las prisiones y el arresto de muchos inocentes.
“Víctimas del régimen”
La ONG salvadoreña Socorro Jurídico Humanitario (SJH) estima que casi un tercio de los detenidos son inocentes.
Yessica afirma que Leonel fue arrestado únicamente porque tenía antecedentes policiales, ya que estuvo detenido unos días en 2015, junto a un centenar de personas, por una trifulca en una fiesta.
Las últimas noticias recibidas por la costurera no son alentadoras: Leonel será juzgado como miembro de una “clica” (célula) pandillera junto a una mujer y otro hombre que él ni siquiera conoce, según asegura.
“Ahora ya no somos víctimas de unos delincuentes, ahora somos víctimas del régimen, que se lleva a personas inocentes”, se lamenta la mujer entre lágrimas, con fotos de sus hermanos en sus manos.
“Patada en el pecho”
“Estimamos que por lo menos el 30% de estas personas procesadas son inocentes”, dice a la AFP la directora de SJH, Ingrid Escobar.
Además, en las cárceles salvadoreñas han muerto 311 reos detenidos bajo el régimen de excepción, lo cual “es preocupante porque estaban bajo tutela del Estado”, indica Escobar.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han denunciado “detenciones indiscriminadas”, hacinamiento carcelario y numerosas muertes bajo custodia estatal, pero Bukele y sus funcionarios lo niegan.
Fidel Antonio Zavala, un empresario que estuvo preso 13 meses por supuesta “estafa agravada”, asegura que fue testigo de torturas y golpizas a reclusos en la cárcel La Esperanza en San Salvador y en otro penal de Santa Ana.
Zavala afirma que presenció “actos de tortura, actos de agresiones, actos de corrupción” de los guardias, entre ellos uno apodado Montaña.
“Yo veo como Montaña hinca en el suelo a un reo y de una patada en el pecho lo estrella en el portón del recinto”, afirma a la AFP el empresario de 30 años.
El director de La Esperanza, Juan José Montano, niega torturas en esa prisión. “Si hay algún agente que haga ese tipo de prácticas, que golpee a un interno, es sancionado”, aseguró a la AFP.
Primera demanda en CIDH
Socorro Jurídico ha presentado ante la Corte Suprema 2,700 recursos de habeas corpus por detenidos, pero el 95% de ellos no han obtenido respuesta.
En busca de justicia, la ONG se apresta a presentar la primera demanda por abusos bajo el régimen de excepción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
Será por la muerte en prisión del sindicalista José Leonidas Bonilla, de 42 años.
Era un funcionario municipal sin antecedentes penales que fue detenido en su hogar por una denuncia anónima el 26 de abril de 2022 y murió en prisión el 3 de septiembre del mismo año como consecuencia de una golpiza, según SJH.
“Como organizaciones de sociedad civil acompañando a las víctimas hemos agotado la sede nacional (de justicia) y no hemos encontrado respuestas, lo que encontramos es silencio, lo que significa negación de justicia”, explica Ingrid Escobar.
“Lo que pretendemos es una condena en contra del Estado de El Salvador por crímenes de lesa humanidad, tortura, en contra de nuestro compañero sindicalista en el régimen de excepción”, agrega.
Con información de AFP
