Naciones Unidas pidió explicaciones a El Salvador sobre las bases legales para el arresto del exasesor de seguridad del presidente Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, fallecido bajo la custodia del Estado en febrero de 2024.
La solicitud de información fue formulada por el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, todos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Medios locales informaron que dicha instancia de la ONU envió el pasado 11 de julio un documento de 10 páginas en las que expone la información que ha recibido sobre el caso Muyshondt, desde su captura, el 9 de agosto de 2023, hasta su muerte.
La Relatoría expresa su preocupación por la información recibida, que habla sobre la supuesta desaparición forzada del exfuncionario y total incomunicación con su familia desde que fue capturado hasta que falleció bajo la custodia del Estado.
La ONU consulta además por qué la familia no tuvo información desde su captura, las medidas que adoptaron para resguardarlo, por qué le negaron el habeas corpus, entre otros puntos denunciados.
La información del organismo indica que Muyshondt fue capturado a las 12:30 del 9 de agosto de 2023 en la ciudad de Santa Tecla. Los pocos detalles sobre la detención son los que Bukele publicó en sus redes sociales en la que señaló que “Las investigaciones, el Organismo de Inteligencia del Estado, descubrió que el Señor Muyshondt actuaba como un doble agente desde el año 2019, habría trabajado para el expresidente Mauricio Funes, y que, dentro de esas operaciones, ambos filtraban documentos clasificados a periodistas, además de a un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países”.
La ONU solicitó al gobierno de Bukele que informe sobre la reclusión bajo régimen de incomunicación y de las medidas que el Estado adoptó para garantizarle un juicio justo y un debido proceso.
“Sírvase proporcionar información acerca de la reclusión del Señor Muyshondt en régimen de incomunicación, así como las medidas adoptadas para garantizar su derecho a ser tratados con dignidad, a tener acceso a sus abogados y a visitas de sus familias, y garantías de juicio justo y debido proceso”, pide la ONU.
El documento solicita conocer también acerca de las medidas adoptadas para garantizar estos mismos derechos de la familia Muyshondt a las otras familias de personas privadas de la libertad y a derecho a visitarlas y “las medidas adoptadas para garantizar que las familias reciban informes médicos y autopsias precisas”.
Respuesta del Estado
El comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, dijo al periódico La Prensa Gráfica que respondieron a todas las solicitudes de la ONU el pasado 5 de septiembre.
“La respuesta enviada contiene toda la información pertinente y detallada. Sin embargo, los datos clínicos y privados del señor Muyshondt están allí y su publicación dependerá directamente de la ONU, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y Prestadores de Servicios de Salud, pues podría resultar revictimizante para sus familiares dar alguna información en detalle del este lamentable suceso”,
Andrés Guzmán en declaraciones a LPG
Aclaró que es “un caso delicado” y por ello solo responderán a “solicitudes judiciales y seremos muy respetuosos de las decisiones de los jueces”.
El funcionario detalló que están dando respuesta a instancias internacionales tanto para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que está integrado por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Sistema Universal que es la ONU.
