Puebla, Pue. El Congreso local de Puebla afirmó que el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, tomará acciones contra Antonio Valente, alias “El Toñín”, mientras que, como LXII Legislatura, esperarán recibir la solicitud de destitución de Guadalupe Martínez como alcaldesa de Quecholac.
El diputado Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso local, y el diputado Julio Huerta pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar para frenar las prácticas ilícitas atribuidas a Antonio Valente Martínez, quien desde 2017 es investigado por sus presuntos vínculos como líder huachicolero en la región del Triángulo Rojo.
Los diputados morenistas respaldaron la postura del gobernador Alejandro Armenta Mier, al advertir que en Puebla no pueden quedar impunes personajes ligados al huachicol que, además, lanzan amenazas hacia funcionarios públicos, haciéndose pasar como “líderes agricultores”.
Ambos legisladores expresaron que el Poder Legislativo está a la espera de que llegue la solicitud formal para analizar la posible destitución de Guadalupe Martínez, alcaldesa de Quecholac e hija de “El Toñín”.
El diputado Julio Huerta calificó como “inadmisible” que un presunto delincuente se dirija “con altanería y teatralización” al secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, luego de que este atendiera las denuncias de violencia política de género presentadas por la edil de Quecholac.
“Quien afirma está obligado a probar, y hasta donde sabemos no ha habido ninguna acción jurídica contra el secretario de Gobernación. El único lugar para un delincuente es la cárcel”, expresó Huerta Gómez, quien anteriormente ocupó la Secretaría de Gobernación durante la administración barbosista.
El morenista, quien en la administración barbosista se desempeñó como secretario de Gobernación en Puebla, reiteró: “El único lugar para un delincuente es la cárcel, y por supuesto que estoy a favor del posicionamiento del gobernador Alejandro Armenta al solicitar respetuosamente a la FGE y la FGR que procedan en términos de ley para que los delincuentes estén donde tienen que estar”.
Pável Gaspar recordó que en 2012, cuando el gobierno estatal estaba en manos de Rafael Moreno Valle, ingresó al estado el huachicol, particularmente en los municipios del Triángulo Rojo: Acajete, Tepeaca, Huixcolotla, Tecamachalco, Acatzingo, Palmar de Bravo y Quecholac.
“Está claro que el gobierno estatal protegía. Hay que regresar a los años 2012: en esos gobiernos fue cuando el huachicol se apoderó de la región del Triángulo Rojo”, señaló.
Explicó que fue en ese periodo cuando el huachicol provocó la transición de agricultores a delincuentes, y que las amenazas de ‘El Toñín’ contra el secretario de Gobernación son consecuencia de esas malas prácticas de gobiernos corruptos “a los que no les importó Puebla”.
“Mis amigos campesinos sembraban nopal y durazno en esos años. Cambian su forma de vida cuando vecinos y comunidades empiezan a recibir protección de esos gobiernos del estado: ‘si tienes 50 mil pesos te hacemos una llave en el ducto’. Te ponían una toma que pasaba por tu terreno y empezaban a operar con protección de esas autoridades. Es un tema que conocemos”, concluyó.
