La Corte Suprema de Honduras declaró el martes que es constitucional un decreto de amnistía que anuló los juicios abiertos contra funcionarios del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por el golpe de Estado en 2009.
El portavoz de la Corte, Melvin Duarte, explicó que el pleno de magistrados “ha determinado, por una votación de diez a cinco, declarar sin lugar los (cinco) recursos de inconstitucionalidad (interpuestos) en contra del decreto” de 2022 por la oposición política derechista.
Por tanto, el decreto “aprobado en el Congreso Nacional en su totalidad es constitucional”, añadió el portavoz en rueda de prensa.
El Congreso Nacional aprobó el 2 de febrero de 2022 un decreto que concede “amnistía general, amplia e incondicional” a las personas “procesadas” por supuestos delitos imputados cuando fueron funcionarios en el gobierno de Zelaya (2006-2009) y “por oponerse y protestar contra el golpe de Estado”.
El decreto, señalado por la oposición como “decreto de impunidad”, fue aprobado días después de que asumiera como presidenta la izquierdista Xiomara Castro, esposa de Zelaya, el 27 de enero del 2022.
Los recursos de inconstitucionalidad fueron interpuestos por abogados de la oposición alegando que el decreto no perdona solo delitos políticos sino también actos de corrupción de algunos funcionarios en el gobierno de Zelaya.
En un informe sobre Derechos Humanos en Honduras, el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la amnistía porque “desestimó” casos de “corrupción”.
Los acusados son decenas de ex ministros y otros exfuncionarios. Unos fueron el abogado Enrique Flores Lanza, actual asesor de la presidenta Castro, y el exalcalde de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, Rodolfo Padilla Sunseri, aún prófugo de la justicia.
Flores declaró el lunes a medios locales que “quienes se oponen al decreto son los responsables del golpe de Estado”.
