El Congreso de Guatemala eligió este jueves a los nuevos 13 jueces de la Corte Suprema, tribunal al que el presidente Bernardo Arévalo acusa de estar durante años “secuestrado por las mafias” e “intereses corruptos”.
Esta elección es considerada clave para la lucha anticorrupción en el país centroamericano, donde Arévalo ha denunciado la existencia de un “Pacto de Corruptos”, una supuesta red de políticos, fiscales, jueces y poderosos empresarios que, desde las sombras, han manejado los hilos del poder.
Los diputados escogieron a los 13 magistrados para el periodo 2024-2029 de una lista elaborada por una comisión postuladora integrada por académicos, jueces y abogados, pero el proceso es observado con preocupación por la OEA y oenegés internacionales y locales.
Tres magistrados salientes fueron reelegidos, entre ellos dos salpicados por un escándalo, pero no fue escogido el fiscal Dimas Jiménez, hombre de confianza de la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras.
“Por sus resoluciones (…) los conoceremos. Algunos tendrán la oportunidad histórica de regresar a caminar por el sendero de la justicia. Ojalá que los otros se alejen del pacto de corruptos”, dijo en la red social X la exfiscal Thelma Aldana, exiliada en Estados Unidos tras recibir amenazas de muerte.
La Corte saliente fue criticada por blindar a la fiscal general Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla “corrupta” y “antidemocrática”.
Porras abrió polémicas causas contra fiscales, jueces y periodistas que investigaron sonados casos de corrupción bajo el pasado gobierno del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).
También inició pesquisas contra Arévalo y el proceso electoral del año pasado, que pusieron en riesgo la transición presidencial en enero.
Los nuevos magistrados de la Corte Suprema deben asumir sus cargos el 13 de octubre. Antes de esa fecha, el Congreso también deberá elegir a los jueces de medio centenar de salas de apelaciones.
A estas salas aspiraban el fiscal Rafael Curruchiche, que dirige las investigaciones contra el socialdemócrata Arévalo, y el fiscal Gilberto Porres, marido de Porras, pero fueron excluidos por la comisión postuladora.
El miércoles una misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió a reformar el sistema de elección de jueces en Guatemala.
El sistema necesita una reforma “para asegurar que no se permita la elección” de “personas sin honorabilidad ni mérito”, dijo la integrante de la misión Rosa Celorio al presentar un informe ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington.
En la misma sesión, Andrea Pochak, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que en Guatemala existe un “uso abusivo del sistema penal” dirigido contra abogados, líderes indígenas, periodistas, defensores de derechos humanos y hasta el propio Arévalo y la vicepresidenta, Karin Herrera.
