Un tribunal de Venezuela emitió una orden de arresto contra el opositor Edmundo González Urrutia, quien reivindica su victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que fue proclamado vencedor el actual mandatario Nicolás Maduro entre denuncias de fraude, informó el lunes la fiscalía.
El tribunal de primera instancia en funciones de control a nivel nacional acuerda orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia por graves delitos”, escribió el Ministerio Público en su cuenta en Instagram, minutos después de anunciar que solicitaba el arresto.
El Ministerio Público solicitó a un tribunal con competencia en terrorismo la orden de aprehensión contra González Urrutia por presuntos delitos relacionados con los comicios, que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
González Urrutia, de 75 años, fue llamado a declarar en la fiscalía en tres oportunidades. No asistió, aunque la tercera citación coincidió con un apagón en todo el país el viernes 30 de agosto.
El diplomático -en la clandestinidad desde el 30 de julio- argumentó que el Ministerio Público actuaba como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.
Las citaciones estaban enfocadas en el sitio web en el que la oposición publicó copias de más del 80% de las actas de votación, que asegura prueban la victoria de González Urrutia el 28 de julio y el fraude de Maduro.
El gobierno denuncia por su parte a la oposición de “usurpar” las funciones del ente electoral y de publicar material fraudulento.
La Corte Suprema, acusada de favorecer con sus decisiones al chavismo, ordenó una investigación luego de convalidar el resultado oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó vencedor a Maduro con 52% de los votos.
Pero no publicó el detalle del escrutinio mesa por mesa como ordena la ley. Maduro ha pedido cárcel para González Urrutia y para la líder opositora María Corina Machado, también en la clandestinidad.
Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.
El fiscal general, Tarek William Saab, ya había anunciado una investigación penal contra ambos por “instigación a la insurrección” militar, tras un llamado a los militares a reconocer la victoria de González Urrutia.