Un cerco militar impuesto hace casi dos meses para combatir a las pandillas en Chalatenango, región del norte de El Salvador, ha devuelto la seguridad a las calles de la zona, dijeron este miércoles pobladores.
“Para mí lo que se ha visto es un éxito, para mí está bien, nos sentimos confiados, y podemos dormir en el corredor (de la casa), no hay ningún temor”, declaró la AFP María Portillo, una vendedora de 56 años en la comunidad de Guarjila, Chalatenango.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en el marco de su “guerra” antipandillas, ordenó el 24 de marzo el despliegue de 6.000 militares y policías para desmantelar remanentes de las bandas tras dos homicidios en Chalatenango, unos 90 km al norte de San Salvador.
Las autoridades capturaron a los dos sospechosos del doble crimen, que son supuestamente miembros de la facción Sureños de la pandilla Barrio 18.
En las calles, pobladores dijeron a la AFP que ahora un ambiente de tranquilidad prevalece en Chalatenango, una región principalmente agrícola y ganadera.
Provistos de fusiles M-16, chalecos y cascos, los soldados con uniformes se desplazan por calles y bosques.
“Ahora salimos con libertad, y antes hasta aquí me daba miedo salir”, declaró por su parte María Hernández, un ama de casa de 63 años, en el pueblo de San Isidro Labrador.
Bukele declaró la “guerra” a las pandillas el 27 de marzo de 2022, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana, al amparo de un cuestionado régimen de excepción que permite hacer arrestos sin orden judicial.
Las maras o pandillas se financiaban cobrando extorsiones a miles de salvadoreños, principalmente comerciantes y transportistas.
La cruzada de Bukele devolvió la tranquilidad a las calles y elevó su popularidad, lo que permitió que en febrero fuera reelegido para un segundo mandato de cinco años.
En el marco del cerco militar que prevalece, el martes un presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) murió luego que tropa de la Cuarta Brigada de Infantería de Chalatenango, “repelió” a un grupo de pandilleros en el poblado de La Palma, informó la Fuerza Armada en la red social X.
Desde que comenzó la “guerra” se han arrestado a un poco más de 80.000 presuntos pandilleros, según las autoridades.
Sin embargo, grupos de derechos humanos sostienen que entre los detenidos hay muchos inocentes y que la “crisis” de derechos humanos puede “perpetuarse” en el país.
“Los que están pagando las consecuencias es la población detenida injustamente”, resume a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.
