Un tribunal de EEUU ordenó el miércoles poner en libertad bajo fianza al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego mientras espera juicio por cargos de contrabando de personas y prohibió que las autoridades migratorias lo detengan de inmediato tras su excarcelación.
A pesar de ser una victoria legal para Ábrego García, tanto sus abogados, familiares y el propio tribunal que ordenó su libertad, temen que sea detenido nuevamente por las autoridades.
El fallo se produjo luego de que el juez considerara que los fiscales federales no demostraron que el salvadoreño representara un riesgo para la seguridad nacional, una conclusión que ya había sido adelantada por otro magistrado. El juicio está previsto para el 27 de enero en Tennessee.
Ábrego García es un residente legal en Maryland desde hace más de una década, pero fue deportado a la mergacarcel del CECOT y luego repatriado por el Servicio de Inmigración en junio de 2025 tras permanecer varios meses encarcelado en El Salvador.
Es probable que el fallo no conduzca a la liberación de Ábrego de la custodia del gobierno y desencadene una nueva batalla legal sobre si puede ser deportado de nuevo. Sus abogados pidieron la suspensión del fallo durante 30 días, manteniéndolo en detención penal mientras sopesan sus próximos movimientos.
Al mismo tiempo, la jueza Paula Xinis, en Maryland, dictó otra resolución que obliga al gobierno estadounidense a trasladar a Ábrego de vuelta a su residencia y notificarse con 72 horas de anticipación en caso de intentar deportarlo nuevamente.
“Comparto la preocupación de que el Gobierno pueda deportarlo una vez más sin el debido proceso”, advirtió la jueza Xinis en su resolución.
Aunque aún no se precisa la fecha de su liberación, la decisión impide que vuelva a ser deportado sin previo aviso.
Kilmar Ábrego, de 29 años, fue deportado en marzo a El Salvador por la administración de Donald Trump sin que concluyera su proceso legal. Posteriormente, fue repatriado a Estados Unidos en junio, tras la presentación de una orden de arresto ante autoridades salvadoreñas.
El caso ha sido citado como ejemplo del conflicto entre el Gobierno de Trump y los tribunales federales. El propio Departamento de Justicia reconoció que la deportación de Ábrego fue un “error administrativo”. Además, en 2019, una corte había revocado permanentemente su expulsión a El Salvador.
