La fiscalía de Venezuela informó el lunes que abrió una investigación sobre las denuncias de “torturas” contra los migrantes de ese país enviados por Estados Unidos a la megacárcel para pandilleros de El Salvador.
Estos 252 venezolanos fueron repatriados el viernes como parte de un canje de prisioneros entre Washington y Caracas, que a cambio liberó a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el lunes una investigación contra el presidente Nayib Bukele y otros funcionarios de su gobierno, a quienes acusó de cometer crímenes de lesa humanidad.
Los migrantes comenzarán a reencontrarse con sus familiares entre la noche del lunes y martes. Desde su llegada realizan exámenes de salud, se les emitió una nueva cédula y son entrevistados por el Ministerio Público.
Como sus compatriotas, Mervin Yamarte pasó más de cuatro meses en la megacárcel salvadoreña. Su madre Mercedes tiene una fiesta preparada para recibirlo en el barrio Los Pescadores de Maracaibo (oeste). Lo espera con globos, pancartas y comida.
En medio del almuerzo del lunes, recibió una llamada. «Madre, es Mervin».
«Tenía cuatro meses y siete días sin escuchar la voz de mi hijo, escucharlo fue una alegría, es una alegría que no puedo describir», dijo Mercedes Yamarte a la AFP.
“Truco publicitario”
Saab presentó testimonios de algunos de los retornados que mostraron moretones en todo el cuerpo y marcas de balas de goma. Uno tenía la boca rota, otro una cicatriz en el hombro.
Andry Hernández Romero, un maquillador y estilista de 32 años que terminó en el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), dijo en un video mostrado por el gobierno que fue abusado sexualmente.
«Estuvimos allá pasando tortura, pasando agresiones físicas, agresiones psicológicas», señaló en el video. «Fui abusado sexualmente por parte de las mismas autoridades salvadoreñas».
Saab relató igualmente el «aislamiento en celdas inhumanas» sin «luz solar, sin ventilación» y «ataques sistemáticos de perdigones (balas de goma)».
Dijo que les daban comida podrida y agua no potable. No tuvieron nunca acceso a abogados o contacto con familiares.
Venezuela, no obstante, encara constantes denuncias sobre torturas a opositores políticos presos en el país, y por su rechazo a permitir que tengan un abogado privado. La Corte Penal Internacional (CPI) investiga al gobierno por delitos de lesa humanidad.
Amnistía Internacional de hecho pidió al gobierno «garantizar y respetar los derechos humanos» de estos migrantes, luego que la semana pasada denunciara un repunte de desapariciones forzosas en el país. Condenó al mismo tiempo lo que tachó de «cruel truco publicitario» de Estados Unidos.
«Ninguna de estas personas debió ser detenida en estas circunstancias», dijo Amy Fisher, de la división de migración de Amnistía.
El mismo viernes llegó un avión con deportados, sin relación con el canje. Entre los pasajeros, siete niños que fueron separados de sus padres por las autoridades estadounidenses.
“Maniobras”
Estados Unidos acusó sin pruebas a los venezolanos deportados a El Salvador de pertenecer al Tren de Aragua, banda delictiva de origen venezolano que el presidente Donald Trump declaró «organización terrorista» e invocó una ley de enemigos extranjeros de 1978.
Su liberación fue el resultado de un acuerdo con representantes de Estados Unidos. El acuerdo se finiquitó apenas horas antes del canje, según Maduro, pese a «maniobras» de «última hora» por parte de Bukele para intentar impedir la salida de los migrantes.
«No pudiste parar el primer avión, pero al segundo avión le puso en la pista unos carros (…) para provocar o un accidente o evitar que salieran», señaló Maduro en su programa de televisión.
El canje incluyó la liberación de otros 80 venezolanos detenidos en Venezuela, considerados «presos políticos» por la oposición, aunque el gobierno aseguró que esa medida coincidió con un proceso de negociación interno paralelo.
La líder opositora María Corina Machado tachó el proceso de «intercambio de prisioneros de guerra» y denunció nuevas desapariciones de dirigentes.
