La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció una nueva iniciativa para brindar asistencia financiera directa a los inmigrantes afectados por las continuas redadas de inmigración de la administración Trump.
Los fondos se distribuirán como tarjetas de efectivo con un valor de “un par de cientos” de dólares cada una y se espera que estén disponibles dentro de la próxima semana, dijo Bass.
Newsweek se comunicó con la oficina de Bass para solicitar comentarios por correo electrónico fuera del horario de oficina.
El presidente Donald Trump ha prometido llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva en la historia de Estados Unidos para abordar la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza. Sin embargo, la política ha suscitado preocupación por sus posibles efectos en la economía. La política migratoria emblemática del Partido Republicano bajo el gobierno de Trump está provocando que la gente evite ir a trabajar ante el temor a redadas en los centros de trabajo.
California se ha convertido en uno de los estados clave en materia de control migratorio después de que el presidente Trump ordenó al ICE aumentar las operaciones en los estados santuario.
De qué se trata
La asistencia en efectivo está destinada a las familias directamente afectadas por las redadas migratorias. El alcalde Bass destacó el ejemplo de una familia que se enfrentó a un posible desalojo después de que uno de sus principales sostén económico fuera detenido por las autoridades migratorias.
El programa se financiará con donaciones privadas, no con fondos municipales. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, se encargarán de la distribución de las tarjetas de efectivo.
Según la alcaldía, la ciudad coordinará esfuerzos entre donantes y socios de distribución, aunque aún no se han anunciado criterios de elegibilidad específicos.
Bass comparó la iniciativa con el programa Angeleno Cards lanzado durante la pandemia de COVID-19, que proporcionó asistencia financiera de emergencia a los residentes vulnerables de Los Ángeles.
El anuncio de las tarjetas de efectivo coincidió con una nueva orden ejecutiva firmada el viernes por Bass, que ordena a todos los departamentos de la ciudad fortalecer la capacitación y las políticas para garantizar el cumplimiento de la ley de ciudad santuario de Los Ángeles. Esta ley prohíbe el uso de empleados o recursos municipales para la aplicación de las leyes de inmigración civil, excepto en casos de delitos graves.
Los departamentos de la ciudad tienen dos semanas para delinear protocolos actualizados, dijo Bass.
La orden ejecutiva también crea un grupo de trabajo para revisar el enfoque del Departamento de Policía de Los Ángeles en la aplicación de la ley federal de inmigración y ordena al personal municipal que solicite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los registros de redadas recientes. Estas medidas forman parte de una serie de respuestas de los líderes municipales y del alcalde a la ofensiva federal que ya lleva dos meses en Los Ángeles.
El Consejo Americano de Inmigración proyecta que la política de deportaciones masivas podría suponer un costo único de 315 000 millones de dólares . Además, deportar a un millón de personas cada año podría generar gastos anuales de hasta 88 000 millones de dólares.
Bass dijo en una conferencia de prensa el viernes: “Hay personas que no quieren salir de sus casas, que no van a trabajar y necesitan dinero en efectivo”.
