Un juzgado de la zona norte de El Salvador condenó este jueves a 60 años de cárcel a tres exjefes militares por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses hace 43 años, en el marco de la guerra civil (1980-1992).
El 3 de junio, el Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en el norteño departamento de Chalatenango, los había condenado a 15 años de prisión a cada uno, pero este jueves al entregar la sentencia por escrito el tribunal aclaró que por ser cuatro los asesinados, la sentencia suma 60 años.
La sentencia precisa que los condenados “solo cumplirán 30 años” de cárcel, la pena máxima establecida por la ley penal de la época, explicó a la prensa el abogado de las víctimas, Gustavo Huezo.
Los condenados son el exministro de la Defensa (1979-1983), general José Guillermo García, de 91 años; el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Morán (93); y el coronel Mario Adalberto Reyes Mena (85), excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con sede en Chalatenango.
El 17 de marzo de 1982, los periodistas neerlandeses Jan Cornelius Kuiper Joop, Koos Jacobus Andries Koster, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen fueron asesinados en una emboscada del batallón Atonal en Chalatenango mientras filmaban un documental sobre la guerra civil salvadoreña.
Morán y Reyes Mena, según la sentencia, fueron condenados en calidad de “autores mediatos” y a García como “autor en comisión por omisión”.
Los tres militares retirados también fueron condenados “al pago de la responsabilidad civil” a favor de familiares de las víctimas.
La sentencia también establece que el estado salvadoreño debe pedir perdón públicamente a los familiares de los periodistas “por el retardo de justicia” y porque “los autores principales” pertenecían al alto mando del ejército.
El pedido de perdón deberá hacerlo el presidente Nayib Bukele, como comandante general de la Fuerza Armada, en un plazo de 30 días hábiles.
El caso permaneció en la impunidad hasta que fue reabierto en 2018 después de que la Corte Suprema salvadoreña declarara inconstitucional en 2016 una ley de amnistía de 1993, que perdonó los crímenes de la guerra civil.
El conflicto dejó 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
