La megacárcel construida por el gobierno para recluir a pandilleros está nuevamente en la mira, tras las revelaciones hechas este miércoles por el salvadoreño deportado, Kilmar Abrego García, quien afirma haber sufrido severas golpizas, privación severa del sueño y tortura psicológica en el lugar.
El llamado Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) al que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump deportó en marzo en marzo a este migrante salvadoreño, habría sido el escenario de estos vejámenes, según documentos judiciales presentados el miércoles.
El escrito detalla que habría sido pateado y golpeado tan a menudo después de su llegada que al día siguiente tenía moretones y protuberancias visibles por todo el cuerpo. Dijo que él y otras 20 personas fueron obligados a arrodillarse toda la noche y los guardias golpeaban a cualquiera que cayera.
Esta es la primera vez que Ábrego García da detalles de su experiencia en el Cecot que, según las denuncias, incluyó estar confinados en una celda con luces prendidas las 24 horas del día y amontonados en literas metálicas sin colchones.
También “se le negó el acceso al baño, obligándolo a ensuciarse, y fue sometido a humillaciones y amenazas constantes por parte de los guardias”, dijeron los abogados.
Medios locales retomaron reportes de agencias internacionales de noticias que afirman que, aunque activistas denuncian violaciones a los derechos humanos en esas instalaciones, el de Ábrego García es uno de los pocos testimonios directos de lo que allí ocurre.
La ONU hace recomendaciones que el gobierno acepta revisar
El Salvador debe cumplir estándares mínimos en materia de derechos humanos, respetar el debido proceso o realizar juicios justos a los detenidos bajo el régimen de excepción, según la recomendación de 30 países miembros de las Naciones Unidas, emitidas en enero pasado.
Dichos Estados hicieron recomendaciones a El Salvador en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se reúne en el Palacio de las Naciones, en Ginebra, Suiza.
El Estado respondió a dichas recomendaciones y se comprometió a “tomar nota” de 21 de ellas sobre el seguimiento a privados de libertad, entre las que figuran garantizar un debido proceso, la comunicación de los reos y la revisión para liberar a personas capturadas arbitrariamente, entre otros.
“El Salvador se ve en la necesidad de tomar nota de dichas recomendaciones, reafirmando su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, pero también su derecho inalienable a determinar su propio rumbo en el marco del derecho internacional”, señala la respuesta del Estado.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros organismos locales e internacionales, han señalado con insistencia la falta de acceso a los privados de libertad con sus abogados y familiares.
Otras recomendaciones de la ONU que El Salvador está dispuesto a “acepta plenamente” son: garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, incluido el acceso a un abogado y la posibilidad de recurrir su detención; investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante la privación de libertad; aplicar políticas para eliminar el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios.
Voceros de organizaciones salvadoreñas, citados por el periódico La Prensa Gráfica, consideraron que, para que esto se cumpla, el Estado debe permitir visitas de expertos internacionales y crear una comisión para abordar el tema.
Leonor Arteaga, de la Fundación para un Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), dijo que es positivo que el Estado salvadoreño acepte las recomendaciones acerca de un debido proceso a los privados de libertad y revisar las vulneraciones a derechos humanos.
Agregó, en la red social X, que para dar seguimiento a estas recomendaciones proponen la creación de una comisión de expertos que trabaje junto al Estado en la revisión de los casos y busque soluciones legales según estándares internacionales, tomando buenas prácticas en relación a otras experiencias de países de América Latina, por lo que ofrecen apoyo técnico.
