El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la primera revisión de un acuerdo vigente con El Salvador, la cual aprobó en líneas generales y autorizó un desembolso inmediato de aproximadamente $118 millones, según un comunicado del organismo publicado este viernes.
Con este monto, el país acumula alrededor de $231 millones recibidos como parte del acuerdo total de $1,400 millones aprobado en febrero de este año.
Para el organismo, “el desempeño del programa ha sido sólido” pues “los principales objetivos fiscales y de reservas internacionales se cumplieron con margen y se continúa avanzando en el ambicioso programa de reformas en las áreas de gobernanza, transparencia y resiliencia financiera”.
“El programa económico de El Salvador, apoyado por el mecanismo del Fondo Ampliado, tuvo un comienzo auspicioso. En particular, la economía continúa expandiéndose, la inflación se ha moderado aún más y el déficit en cuenta corriente se ha reducido en medio de los esfuerzos por abordar los desequilibrios macroeconómicos. La consolidación fiscal sigue en camino, se están reconstruyendo colchones externos y financieros, y las reformas de la gobernanza y la transparencia se están llevando a cabo de acuerdo con los compromisos del programa”, afirmó Nigel Clarke, presidente interino del Directorio Ejecutivo del FMI.
Entre los avances más relevantes que fueron reconocidos, se encuentra el hecho de que las autoridades salvadoreñas promulgaron una nueva Ley de Sostenibilidad Fiscal, reforzaron las regulaciones en los procesos de contratación pública, facilitaron el acceso a la información financiera de las principales empresas estatales y habilitaron el acceso a los contratos públicos.
Sin embargo, los directores del FMI advierten sobre varios riesgos relacionados con el panorama internacional que podrían complicar la implementación del programa.
“La agudización de las tensiones comerciales mundiales y el endurecimiento de las políticas de inmigración en otros países podrían tener un impacto negativo sobre las remesas y el crecimiento económico”, señalaron.
El Fondo destacó la necesidad de mantener la consolidación fiscal a través de una racionalización más estricta de la factura salarial, al tiempo que contenga los gastos corrientes para asegurar espacio a fondos sociales y para infraestructura, sin que afecte la trayectoria descendente de la deuda pública.
Recomendaron, además, seguir el fortalecimiento a “la gobernanza y la transparencia y, a este respecto, alentaron a mejorar el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con las recomendaciones del GAFI, asegurando la aplicación coherente y equitativa del nuevo marco de lucha contra la corrupción y reforzando la transparencia de la información pública, incluso en el proceso de adquisición”.
