Un juzgado de San Salvador ordenó este martes que el abogado Enrique Anaya, férreo crítico del gobierno de Nayib Bukele, siga en prisión provisional acusado por la Fiscalía de presunto lavado de dinero.
El abogado constitucionalista de 61 años es uno de cinco críticos del mandatario detenidos en las últimas semanas por diversos cargos. Su defensor afirma que es inocente de los delitos que se le imputan.
«Lamentablemente el resultado no ha sido lo que esperábamos», dijo el defensor de Anaya, Jaime Quintanilla, al término de una audiencia a cargo del juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
«No obstante todas las justificaciones que como defensa y el esfuerzo que hicimos para esta etapa, [que] era buscar una medida sustitutiva [a la prisión preventiva], pues contra viento y marea lamentablemente no pudimos lograrlo, entonces Enrique va a mantenerse detenido», agregó Quintanilla tras la audiencia de tres horas.
En un receso al mediodía, Anaya pudo ser observado por los periodistas: vestido con camisa blanca y pantalón azul, salió esposado de la sala de audiencias, escoltado por policías armados con fusiles, y cruzó sus brazos sobre su pecho en forma de saludo.
El proceso contra Anaya, que padece de diabetes, se encuentra bajo reserva, por lo que no es posible conocer detalles del mismo, remarcó su defensor, quien anticipó que apelarán la orden de continuar en prisión.
Mientras tanto, la Fiscalía seguirá adelante con sus investigaciones contra el constitucionalista antes de que un tribunal decida si será llevado a juicio.
La Corte Suprema señaló el sábado que admitió a trámite un recurso de habeas corpus a favor del constitucionalista tras reconocer «la vulneración de los derechos a la salud y la defensa».
Anaya, que fue detenido el 7 de junio, es un abogado y analista muy consultado por la prensa y en entrevistas radiales y televisivas criticaba abiertamente al presidente, al que se refería como «dictador».
En semanas recientes también fueron detenidos en El Salvador otros cuatro críticos de Bukele, entre ellos activistas de derechos humanos y abogados.
Según oenegés, los arrestos buscan acallar las voces críticas de Bukele.
La semana anterior una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana mostró que seis de cada diez salvadoreños temen criticar al presidente o a su gobierno, pues puede acarrearles «consecuencias negativas», como ser detenido.
Bukele fue reelegido en febrero de 2024 gracias a la alta popularidad de su «guerra» contra las pandillas, que ha reducido a niveles sin precedentes la violencia criminal en el país.
Esta ofensiva contra las pandillas se basa en un régimen de excepción criticado por grupos de derechos humanos por permitir detenciones sin orden judicial.
