Los migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador permanecen «totalmente aislados», afirmaron este jueves familiares y activistas de derechos humanos luego de una visita a este país la semana pasada.
Desde el 15 de marzo, más de 200 migrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador luego de que el presidente estadounidense Donald Trump invocara la «Ley de Enemigos Extranjeros» de 1798 (Alien Enemies Act) utilizada en tiempos de guerra, bajo el argumento que los detenidos integraban la banda criminal Tren de Aragua.
«Pudimos comprobar en ese viaje que los venezolanos migrantes deportados a El Salvador están totalmente aislados e incomunicados», dijo Walter Márquez, al frente de la Fundación El Amparo que representa a 10 de estos migrantes.
Permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) «sin ningún juicio en El Salvador donde no han cometido ningún delito, sin ninguna claridad de su futuro legal», remarcó Márquez, al ofrecer un balance sobre el viaje a El Salvador.
Esta megaprisión de alta seguridad fue inaugurada en 2023 por el presidente salvadoreño Nayib Bukele para los pandilleros.
Márquez indicó que no han obtenido respuesta a los recursos de habeas corpus solicitados en ese país y que estudian «recurrir a la Corte Penal Internacional porque en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad».
Además, denunció «deportación forzosa, persecución por razones nacionales, tratos inhumanos y tortura».
Reina Cardenas, quien acompañó a Márquez para representar a familiares de los migrantes, señaló que fue «imposible» verlos y conocer su estado de salud. «Solo logramos introducir una carta».
Gabriela Mora, también viajó a El Salvador con la esperanza de de tener noticias de su esposo, Carlos Uzcátegui, quien tenía una orden de deportación a Venezuela con fecha de 26 de febrero.
«Están injustamente secuestrados, prácticamente porque no se le puede llamar detención a algo donde no podemos tener comunicación, desde marzo no sabemos de ellos», lamentó.
Denuncia contra el gobierno y el Estado Salvadoreño
Abogados y familiares de los venezolanos deportados informaron de su intención de demandar al gobierno salvadoreño ante el Tribunal Penal Internacional (TPI). por la violación de los Derechos Humanos de los reclusos, que no tienen cargos penales en este país centroamericano.
En una conferencia de prensa desde Táchira, Venezuela, externaron su preocupación al no saber detalles de los 252 detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) desde mediados de marzo.
La Fundación El Amparo, junto a familias de 10 de los venezolanos deportados dijeron que también presentarán los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitarán medidas cautelares y de protección para los más de 250 venezolanos que fueron deportados entre el 15 y 31de marzo desde Estados Unidos.
Recurriremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño y recurriremos a la Corte Penal Internacional por la responsabilidad personal de Nayib Bukele y la cadena de mando responsable de esas detenciones arbitrarias”, dijo Walter Márquez, director de la Fundación El Amparo.
En un fallo del 16 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos impidió a Trump reanudar la expulsión de venezolanos bajo la ley de 1798, al considerar que a un grupo recluido no se le ha dado suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
Bukele ofreció en abril al presidente venezolano Nicolás Maduro canjear a los 252 migrantes por «presos políticos» venezolanos, pero la propuesta fue calificada de «cínica» por la fiscalía de Venezuela, que demanda la liberación incondicional de los deportados.
