A pesar de que en El Salvador no existe la figura de cadena perpetua dentro del sistema legal vigente, la justicia de este país ha dictado, durante este año, sentencias de 100 años o más de prisión contra diez procesados por los delitos de homicidio, extorsión y otros.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en los primeros cuatro meses de 2025, los casos de condenas más severas fueron contra los reos Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años de cárcel; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores [600 años] y José Aníbal Moreira Bernal [524 años].
Los tres fueron señalados de pertenecer a la MS13 y fueron condenados por 28 homicidios agravados, un feminicidio, cuatro privaciones de libertad, 50 casos de proposición y conspiración para cometer homicidio, 38 extorsiones agravadas, nueve casos preparatorios de tráfico ilícito, tres casos de tráfico ilícito y organizaciones terroristas.
Los delitos habrían sido cometidos entre 2014 y 2018 en la zona oriente del país.
Autoridades policiales y del sector justicia ha declarado que sus acciones confirman que “no retrocederán en sus esfuerzos por castigar a los responsables de los altos índices de violencia” que vivió el país en años recientes.
Otros condenados a más de cien años de cárcel son Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, quienes fueron enviados a prisión por 155 y 120 años, respectivamente. Fueron acusados de cometer delitos en el oriente del país y “fueron encontrados culpables de cuatro homicidios y varios delitos más junto a otros pandilleros”, dijo la FGR.
#CombateAPandillas | La @FGR_SV logró que varios pandilleros de la MS-13 recibieran condenas de hasta 321 años de cárcel por los delitos de homicidio, tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y otros.
Entre los condenados se encuentran Cesar Álvarez, con el cargo de corredor de… pic.twitter.com/1DQxHC82Hb
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 9, 2025
En julio de 2023, el Congreso salvadoreño, a pedido del gobierno del presidente Nayib Bukele, aprobó reformas que permiten realizar procesos penales masivos a pandilleros sin que sea necesario individualizar las responsabilidades de los acusados.
En esa ocasión también se aprobó aumentar de 45 a 60 años de cárcel las penas para los cabecillas de maras. Más de un año antes, el Congreso aprobó también castigar con entre 20 y 30 años la pertenencia a una banda criminal.
Antes de que el gobierno de Bukele declarara, en marzo de 2022, una ofensiva contra las maras, amparado en un régimen de excepción cuestionado por organismos humanitarios, las pandillas se nutrían del cobro de extorsiones y de la venta y distribución de droga.
Los que no pagaban eran amenazados de muerte o, en el peor de los casos, eran asesinados.
Tras el inicio de la «guerra» del gobierno a las pandillas, las extorsiones se redujeron drásticamente y, según las autoridades, actualmente casi han desaparecido.
